La Junta de Castilla y León ha decidido intervenir en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, que objetaba la ley sancionada por el Congreso que autoriza la caza del lobo al norte del Duero. El objetivo es evitar que la acción prospere y asegurar que la ley se ejecute como fue establecida originalmente.
Según Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno ha acordado la intervención de la Junta como parte coadyuvante en el recurso que cuestiona ciertas cláusulas de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, específicamente en lo relacionado con la caza del lobo.
Fernández Carriedo señaló que esta acción es crucial para proteger la constitucionalidad de la normativa, ya que las cláusulas impugnadas comprometen directamente las competencias de Castilla y León en la protección ambiental y la gestión del lobo. La Dirección de los Servicios Jurídicos de la comunidad ha sido autorizada para realizar todas las acciones necesarias en defensa de los intereses de la región en este proceso.
«Nuestro objetivo es defender los intereses de Castilla y León, las competencias de la Comunidad y, en definitiva, la posición que tenemos, que es la misma que la establece la Ley, que fue aprobada por el Congreso», enfatizó el consejero, quien aclaró que la Junta no presenta un recurso propio, sino que actúa para «defender la vigencia de esta norma» apoyando el texto sancionado por las Cortes Generales.
Además, lamentó que el Gobierno no convocara a la Conferencia Sectorial necesaria este mes de julio, como lo exige la nueva ley, subrayando la importancia de la participación autonómica en estos temas. «El lobo ha visto un incremento en el número de ejemplares y manadas en nuestra región, asegurando su supervivencia al norte del Duero y logrando un balance entre la ganadería y la población de lobos, lo cual es nuestra meta y está reflejado en la ley», concluyó.