QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha censurado al equipo de gobierno de Ciudad Real por no notificar a las autoridades competentes sobre deficiencias en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato en dicha ciudad. Durante una conferencia de prensa en Toledo, Simón ha expresado su desconcierto al enterarse por los medios de comunicación de un informe elaborado por el Centro de la Mujer de Ciudad Real, que no fue comunicado al Instituto de la Mujer como es mandatorio.
«La verdad es que nos hace pensar que puede haber algunos intereses detrás de esta cuestión, como estamos viendo en los últimos días. Vemos que algunos partidos políticos tratan de utilizar los posibles fallos que hayan podido dar estas pulseras para alertar y para tratar de hacer política. No tiene otra explicación que no se haya elevado a los órganos a los que se tenía que elevar y, sin embargo, sí que se haya trasladado a los medios de comunicación», criticó la consejera. Además, destacó que ni el Instituto de la Mujer, ni otros organismos habían sido informados de los fallos, aunque se había contactado directamente a las afectadas para indagar sobre los problemas.
Simón ha solicitado formalmente explicaciones al equipo liderado por Francisco Cañizares, cuestionando los motivos detrás de este proceder y las llamadas realizadas exclusivamente a las mujeres afectadas. Además, ha subrayado la reciente eliminación de la unidad VioGén en Ciudad Real, lo que aumenta la preocupación sobre la gestión de este informe. La consejera ha concluido señalando que la supervisión de estas pulseras corresponde al Ministerio de Igualdad, a través de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad.
En otro contexto, Simón respondió a preguntas sobre un informe del Ministerio de Sanidad, que muestra que el 99 por ciento de los abortos en la región se realizan en clínicas privadas. Afirmó que se garantiza el acceso al aborto conforme a la ley, aunque aún no se realice en hospitales públicos. Recordó que la Consejería de Sanidad está trabajando para regularizar esta situación y mencionó la aprobación reciente de un registro de objetores de conciencia, buscando la colaboración de profesionales para llevar a cabo estos procedimientos en el sistema público de salud.
