El Gobierno de Castilla-La Mancha ha urgido al Gobierno central para concretar una reunión sobre las nuevas normativas de gestión del trasvase Tajo-Segura, señalando que el plazo establecido para septiembre está a punto de finalizar y rechazan cualquier extensión del mismo o llegar a un escenario de ‘penaltis’.
‘Estamos dispuestos a dialogar en cualquier instante para revisar este documento y exigimos que no se solicite una prórroga, y mucho menos llegar a los penaltis, ya que el gran perdedor será el medio ambiente y los habitantes de nuestra comunidad, algo que este Gobierno no tolerará’, declaró Esther Padilla, consejera portavoz.
En la apertura de la exposición ‘Momentos icónicos de la historia de Castilla-La Mancha’ en Toledo, Padilla criticó que, tras un año en su posición, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, no ha mantenido encuentros con representantes del Gobierno regional.
‘Llegado el punto en que se incumple la ley y las sentencias, debemos exigir su cumplimiento. Si es preciso acudir a instancias judiciales, lo haremos, aunque sea un camino difícil’, advirtió la portavoz.
Padilla destacó que el tiempo sigue transcurriendo sin cambios en la política hídrica, a pesar de haberse aprobado nuevos planes hidrológicos hace dos años. ‘Es una cuestión de voluntad política; no se puede postergar hasta el último minuto la actualización de las normas, carece de sentido’, argumentó.
‘Cuando existen sentencias del Tribunal Supremo, directivas europeas y legislación nacional que este país ha ratificado y debe acatar, el Gobierno debe, sin más demoras, oficializar la ley’, instó la consejera.
Además, lamentó la ausencia de un borrador para la nueva regulación y criticó el uso actual del trasvase que contraviene la ley, las decisiones judiciales y las directivas de la Unión Europea. ‘No sé qué más necesitamos decir para que las cosas cambien’, concluyó Padilla.