Coalición Canaria (CC) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que urge al Gobierno de España a revisar al alza el complemento de indemnización por residencia del personal de Instituciones Penitenciarias destinado en Canarias y a actualizar y ampliar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros del archipiélago. El objetivo es reforzar la estabilidad de las plantillas y mejorar el funcionamiento de las prisiones canarias.
La iniciativa, firmada por la diputada Cristina Valido, identifica dos problemas estructurales que afectan de manera específica a las cárceles del archipiélago: la “falta de actualización” del complemento de residencia y la insuficiencia de efectivos derivada de una RPT “desfasada”.
El texto, recogido por Europa Press, subraya que ambos elementos están estrechamente vinculados y tienen “un impacto directo” en la estabilidad del personal y en la calidad del servicio penitenciario. “La indemnización por residencia en Canarias, cuya finalidad es compensar el encarecimiento de la vida y la lejanía respecto al territorio peninsular, lleva sin actualizarse desde hace más de dieciocho años”, explica la diputada de CC, Cristina Valido.
Estas deficiencias repercuten en la consolidación de las plantillas, ya que una parte importante de los funcionarios destinados en las islas procede de la Península y, ante un complemento de residencia insuficiente, tras un corto periodo solicita el traslado a destinos con mejores condiciones económicas.
Más internos, misma plantilla
En lo relativo a la RPT, la proposición recalca que la falta de personal es “especialmente evidente” en el Centro Penitenciario Las Palmas II. Desde su apertura, cuando contaba con 612 internos, la población reclusa ha pasado a 904 personas, “un incremento del 150%”, según denuncian los trabajadores del centro. Pese a ello, la plantilla de funcionarios sigue fijada en 334 efectivos.
En el Centro Penitenciario Tenerife II, la PNL detalla que se dan “problemas específicos de especial gravedad” que vienen siendo puestos en conocimiento de la Administración por su personal.
CC advierte de que este escenario provoca una “sobrecarga laboral severa” y “dificultades crecientes” para asegurar la seguridad, la vigilancia interior, la gestión administrativa, el tratamiento, las comunicaciones y la ejecución de programas de reinserción. Incide, además, en que reforzar la RPT no solo repercute en el bienestar de los trabajadores, sino que supone también “una mejora objetiva para las personas que cumplen condena”.
A juicio de la formación, incrementar el número de funcionarios permite aumentar la presencia en los módulos, prevenir incidentes, garantizar respuestas rápidas y eficaces y ofrecer una atención más individualizada. Añade que, con más personal, los equipos técnicos pueden mantener con mayor continuidad los programas educativos, laborales y terapéuticos, se acortan los tiempos de espera en trámites esenciales y se favorecen la convivencia interna y la seguridad.
La PNL también pone el foco en la ausencia de un sistema estable de conducciones y traslados de internos, que hoy depende en gran medida de la disponibilidad de la Guardia Civil. Esta situación, señalan, está ocasionando la suspensión reiterada de traslados judiciales y, de forma especialmente grave, de consultas médicas y operaciones quirúrgicas.
Medidas que plantea la PNL
En este contexto, la proposición no de ley reclama al Gobierno de España que reconozca a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad; que proceda a la actualización del complemento de indemnización por residencia del personal penitenciario destinado en Canarias, aplicando un incremento porcentualmente similar al aprobado para otros cuerpos del Estado; y que revise y amplíe la RPT de los centros penitenciarios del archipiélago.
Asimismo, pide implantar un sistema estable y específico para las conducciones y traslados de personas internas; reforzar la dotación de personal sanitario en las prisiones canarias; y asumir un compromiso firme, detallado y por escrito con la reforma integral del Centro Penitenciario Tenerife II, contemplando la sustitución total de sus módulos o, en su defecto, la construcción de una nueva prisión en una ubicación alternativa adecuada.