Aproximadamente 700 individuos, tal como ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, se manifestaron este viernes en la capital bajo la consigna ‘Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y de nuestro pueblo’. La marcha, que inicialmente no fue permitida por la Delegación del Gobierno en Madrid a mediados de semana, fue apelada por Falange y finalmente autorizada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La convocatoria, promovida en ‘X’ por La Falange, se realizó en honor a “Por las víctimas de la dana; por las víctimas de la gestión sanitaria; por las víctimas de la violencia inmigrante; por las víctimas del terrorismo; por las víctimas del aborto y la eutanasia; y por las víctimas en accidentes de trabajo”. La concentración empezó a las 21.00 horas cerca de la calle Génova, 24, y se desplazó a través de varias calles hasta acercarse a la calle Ferraz, cercana a la sede federal del PSOE.
En el transcurso de la manifestación, los participantes exhibieron saludos fascistas, ondearon banderas preconstitucionales y entonaron cánticos que glorificaban a José Antonio Primo de Rivera y otras consignas como “esta es la juventud de España”; “patria, justicia y revolución”; “Arriba España” y “unidad nacional”. Al llegar cerca de la sede del PSOE, se escucharon expresiones como “no es una sede, es un puticlub” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”, entre otros.
Este acto se llevó a cabo un día después del 50 aniversario del 20 de noviembre de 1975, un hito marcado por la muerte de Francisco Franco que dio inicio a la etapa que desembocaría en la Constitución de 1978.
EL RECURSO DE FALANGE CONTRA LA PROHIBICIÓN
La manifestación se efectuó tras la autorización del TSJM, que revocó la decisión inicial de la Delegación del Gobierno en Madrid. Esta última había argumentado que el tramo final de la manifestación en la Calle Ferraz era especialmente delicado debido a “La carga política del enclave, su exposición mediática y la reiteración de concentraciones ideológicas” en el mismo lugar, según declaró la Jefatura Superior de Policía de Madrid. No obstante, el TSJM determinó que la prohibición “no es conforme a derecho”, basándose en simples conjeturas que no justificaban la restricción del derecho de reunión, según la ley y la jurisprudencia existente.