El 14 de noviembre de 1975, apenas cinco días después de finalizar la Marcha Verde liderada por el rey Hassán II de Marruecos, se firmó en Madrid el denominado Acuerdo Tripartito. Este acuerdo implicaba la transferencia de la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, comprometiéndose España a retirarse de su entonces provincia número 53 antes del 28 de febrero de 1976.
Mediante la ‘Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental’, España desistió de su compromiso ante la ONU de realizar un referéndum de autodeterminación en el territorio, el cual debería haberse llevado a cabo en el primer semestre de 1975 y que fue interrumpido por una apelación ante la Corte Internacional de Justicia promovida por Marruecos.
En el texto acordado, firmado por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, España confirmaba su ‘resolución de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora’. Además, se acordó establecer ‘de inmediato una Administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemáa’, la asamblea establecida en 1967 por las autoridades españolas.
Como resultado, se acordó la designación de ‘dos gobernadores adjuntos, a propuesta de Marruecos y Mauritania, a fin de que auxilien en sus funciones al gobernador general del territorio’ y se estipuló que ‘la terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976’. El punto más controvertido fue el tercero de la declaración: ‘será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa’, aunque en la práctica, los saharauis nunca fueron consultados sobre sus deseos.
MALESTAR EN ALGUNOS SECTORES
El acuerdo no fue bien recibido por todos en el Gobierno español, en un momento crítico cuando el Príncipe Juan Carlos debía asumir como jefe de Estado en funciones debido a la enfermedad de Franco, quien fallecería el 20 de noviembre, abriendo la puerta a la transición tras casi cuatro décadas de régimen franquista.
Un informe de inteligencia de la CIA, fechado el 15 de noviembre de 1975, reflejaba las críticas internas, describiéndolo como ‘un mal acuerdo’ pero ‘necesario por la demostrada incapacidad de la ONU para evitar que la situación degenerara en una guerra’. El documento, que fue revisado por Europa Press, destacaba las preocupaciones de España por la reacción de Argelia, su principal proveedor de gas natural, que siempre había apoyado la autodeterminación del Sáhara Occidental. A pesar de los riesgos, ‘Madrid aparentemente prefirió arriesgar su suministro energético en lugar de verse inmerso en hostilidades’ en su colonia, indicaba el informe.
El acuerdo fue visto como una victoria para el rey Hassán II, que desde hace tiempo buscaba anexionar al menos una parte del Sáhara español. Además, se anticipaba que Marruecos y Mauritania, como coadministradores y con el presidente de la Yemáa ya desertado a Marruecos, terminarían dividiendo el territorio, otorgando a Marruecos la región norte, rica en depósitos de fosfato, y a Mauritania el sur, con mineral de hierro.
ANEXOS SECRETOS Y LEY PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL SÁHARA
La declaración fue acompañada por cuatro anexos secretos, principalmente relacionados con aspectos económicos del Sáhara Occidental, cuyo contenido no se reveló inicialmente. Parte de este contenido fue publicado por la revista ‘Interviú’ a principios de 1978. Entre los acuerdos destacaba el reconocimiento de ‘derechos de pesca en las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles, por una duración de 20 años y en las mismas condiciones actuales, salvo el canon a ser abonado a partir del sexto año’, según el primer anexo.
El Congreso de los Diputados aprobó la Ley para la Descolonización del Sáhara, publicada en el BOE el 20 de noviembre de 1975, el mismo día de la muerte de Franco. El texto autorizaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proceder con la descolonización, salvaguardando los intereses españoles. El ministro de la Presidencia, Antonio Carro Martínez, defendió la ley asegurando que ‘el Sáhara es de España pero el Sáhara no es España’, y que la intención nunca fue asimilacionista sino de respeto hacia la libertad de los saharauis.