El 26 de febrero de 1976, España envió una carta al entonces secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, en la que comunicaba su retirada definitiva del Sáhara Occidental sin haber cumplido su promesa de garantizar la autodeterminación de la población mediante un referéndum, renunciando así a cualquier responsabilidad sobre un territorio que, medio siglo después, está controlado de facto casi en su totalidad por Marruecos.
En la misiva, el embajador ante la ONU, Jaime de Piniés, alegaba que, pese a la “voluntad del Gobierno español de proceder, ordenada y pacíficamente, a la descolonización del Sáhara Occidental, de acuerdo con los principios de la Carta y las resoluciones de la Asamblea General”, “la persistencia de circunstancias ajenas” había impedido la celebración del referéndum y, en consecuencia, España ponía fin a su presencia.
El Ejecutivo español recordaba que el 20 de agosto de 1974 había anunciado “la celebración de un referéndum para la autodeterminación del territorio en los seis primeros meses de 1975”. No obstante, la Asamblea General aprobó una resolución que “recabó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia solicitando del Gobierno el aplazamiento de dicho referéndum”, en alusión a un texto impulsado por Marruecos.
“España, a pesar de que esta resolución prolongaba sus responsabilidades y creaba un clima de incertidumbre, accedió a este aplazamiento porque en ella se recogía el derecho a la libre determinación de la población autóctona del territorio”, proseguía el Gobierno en su exposición.
En este contexto, aunque no se detallan expresamente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el 20 de octubre a petición de España y, durante la sesión, el Gobierno “puso una vez más de manifiesto su voluntad de asegurar una rápida y pacífica descolonización del territorio del Sáhara, estando dispuesto a aceptar una eventual administración territorial” en línea con lo sugerido por el propio secretario general en un informe remitido al máximo órgano de Naciones Unidas.
Factores externos y bloqueo del referéndum
Sin embargo, la carta añadía que “factores externos no contribuyeron, como hubiese exigido el respeto a los principios y preceptos de la Carta, a favorecer un clima de paz y orden sino que, por el contrario, fueron acentuando en el territorio y en la zona la inestabilidad de la situación”, sin mencionar de forma directa ni a Marruecos ni al Frente Polisario.
De Piniés recuerda que informó a Waldheim el 23 de mayo de 1975 de que, “de no cesar estos factores perturbadores, España se vería en la necesidad de poner término a su presencia y acción administradora, fijando oportunamente la fecha para ello”.
Pocos días antes, la Misión Visitadora de la ONU al Sáhara Español, encargada de elaborar un informe sobre el proceso de descolonización, había recorrido tanto el entonces territorio aún bajo soberanía española como Marruecos, Argelia y Mauritania.
El informe se hizo público el 10 de octubre de 1975 y en él se constataba que “dentro del territorio, la población, o por lo menos casi todas las personas entrevistadas, estaban categóricamente a favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania”.
A ello se sumó el dictamen de la CIJ del 16 de octubre, en el que el tribunal afirmó no haber “comprobado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza” que condicionaran la descolonización del Sáhara Occidental y “en particular, la aplicación del principio de autodeterminación”.
La Marcha Verde y el Acuerdo de Madrid
La interpretación del monarca marroquí, Hasán II, fue distinta y, apoyándose en el pasaje en el que la CIJ señala que los elementos recabados “muestran la existencia, en el momento de la colonización española, de lazos jurídicos de pleitesía entre el sultán de Marruecos y algunas de las tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental”, anunció el inicio de “una marcha pacífica del norte al sur”, la conocida ‘Marcha Verde’, para reivindicar el Sáhara Occidental.
Paralelamente, y siguiendo las resoluciones de la ONU, se desarrollaron negociaciones entre los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, que desembocaron en el Acuerdo Tripartito de Madrid. En este documento, recordaba De Piniés, “se fijaba que la terminación de la presencia española en el territorio se llevaría a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976”.
“El Gobierno español ha demostrado reiteradamente haber realizado todos los esfuerzos posibles para lograr una rápida descolonización en condiciones pacíficas y de respeto a la opinión de la población del territorio”, defendía la carta, lamentando que “la persistencia de circunstancias ajenas a su voluntad no ha hecho posible hasta la fecha la organización de la consulta a la población”.
En consecuencia, y de acuerdo con lo pactado el 14 de noviembre de 1975 en Madrid, “el Gobierno español, con fecha de hoy, da término definitivamente a su presencia en el territorio del Sáhara”, indicaba la misiva, en la que además “deja constancia” de dos extremos.
En primer lugar, subrayaba que “España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo” en el Acuerdo Tripartito.
En segundo término, remarcaba que “la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente”.
El debate sobre la potencia administradora
A partir de esta declaración, los sucesivos gobiernos españoles han sostenido que España dejó entonces de ser potencia administradora del Sáhara Occidental, territorio que continúa incluido en la lista de la ONU de espacios pendientes de descolonización.
“Desde esa fecha, España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas”, afirmó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Senado en septiembre de 2020. El actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado esta posición cuando se le ha planteado que España mantiene ese papel.
Para el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco Juan Soroeta, “desde el punto de vista del Derecho Internacional no hay ninguna duda de que España sigue siendo la potencia administradora del territorio”, condición que la Asamblea General le atribuyó en los años 60 y que no le ha sido retirada.
En declaraciones a Europa Press, recalca que “un Estado puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones”. Además, recuerda que, de los tres ámbitos que gestiona una potencia colonial —tierra, mar y aire—, “España no controla los dos primeros porque Marruecos los ocupa por la fuerza, pero sigue administrando el espacio aéreo de todo el territorio del Sáhara Occidental, incluido el que controla el Polisario.
“Si no lo hace como potencia administradora, ¿en qué otro concepto podría hacerlo?”, plantea este experto, que también alude a la posición de la Audiencia Nacional. En un auto de julio de 2014, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entonces presidida por Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, recordaba que “tanto a nivel formal como jurídico” el Sáhara español era una provincia y que, con el ingreso en la ONU, España pasó a ser “potencia administradora”.
Tras una extensa motivación, el auto concluye que “España de ‘iure’, aunque no de ‘facto’, sigue siendo la potencia administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.