Ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea ha expresado sus reservas sobre si la ley de amnistía realmente persigue un ‘objetivo de interés general’, ya que forma parte de un ‘acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España’, y ha señalado que su procesamiento rápido ha profundizado la división en la política, las instituciones y la sociedad españolas, según recomendaciones de entidades como la Comisión de Venecia.
Carlos Urraca Caviedes, abogado del Ejecutivo comunitario, ha expuesto en la vista sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que la ley podría considerarse una ‘autoamnistía’ impulsada por un ‘acuerdo político’ para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, destacando el papel crucial de los votos de los beneficiados de la ley.
DEBE HABER UN ‘OBJETIVO LEGÍTIMO’
Durante la vista, Urraca Caviedes argumentó que la ley no parece satisfacer un ‘objetivo de interés general’ y criticó que no se haya seguido el consejo de la Comisión de Venecia para un diálogo sustancial que busque la reconciliación. Además, destacó que las ‘autoamnistías’ que buscan proteger al poder político son contrarias al Estado de Derecho.
En otra sesión, el abogado expresó las ‘muchas dudas’ de la Comisión sobre la legitimidad de la amnistía y su compatibilidad con los valores de la UE. También resaltó que la proporcionalidad exige que la amnistía sea un medio adecuado para lograr un objetivo legítimo y que el Tribunal de Cuentas debe evaluar si la ley respeta la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Urraca Caviedes también señaló que ciertas disposiciones de la ley podrían impedir al Tribunal de Cuentas asegurar la aplicación del derecho de la Unión y proteger los intereses financieros de la Unión.
DIRECTIVA ANTITERRORISTA
En otra vista, se abordó el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía, calificándolo de ‘muy amplio e indeterminado’, lo que genera incertidumbre sobre qué delitos cubre la directiva antiterrorista de la UE. Urraca Caviedes admitió que la ley podría violar los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, lo que podría afectar el efecto útil de la directiva.