Ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la Comisión Europea ha expresado sus reservas este martes sobre si la ley de amnistía cumple con un propósito de interés general, ya que ‘es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España’, mientras ha señalado que su proceso de aprobación urgente ha ‘ahondado la división profunda’ entre políticos, instituciones y la sociedad en España, a pesar de las sugerencias de entidades como la Comisión de Venecia.
Durante la audiencia sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas relativa a la responsabilidad fiscal de Carles Puigdemont y otros por el uso indebido de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en apoyos al ‘procés’, el abogado comunitario ha argumentado basándose en escritos previos enviados al tribunal, donde calificaba la norma como una ‘autoamnistía’ crucial para la investidura de Pedro Sánchez, con un papel esencial de los votos de los beneficiados.
Carlos Urraca Caviedes ha indicado que ‘No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación’ durante su intervención en Luxemburgo.
El letrado ha destacado que, conforme a la Comisión de Venecia, las ‘autoamnistías’ que buscan asegurar la inmunidad jurídica de quienes detentan el poder son contraproducentes al Estado de Derecho. Además, ha reiterado que una amnistía debe ser un ‘medio adecuado para alcanzar, en última instancia, un objetivo legítimo’, enfatizando que le corresponde al Tribunal de Cuentas evaluar si las restricciones impuestas por la ley a la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley son proporcionadas.
Además, ha defendido la jurisdicción del TJUE sobre las cuestiones planteadas y ha criticado el plazo de dos meses establecido para decidir sobre la aplicación de la amnistía, argumentando que no permite a los órganos competentes adoptar las medidas procesales necesarias, lo que ‘compromete su capacidad para garantizar la plena aplicación del derecho de la unión y proporcionar una tutela efectiva’.