QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, la Comisión Europea ha emitido un nuevo ultimátum al Gobierno de España para que aplique las disposiciones europeas destinadas a fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas, las cuales debieron integrarse en la legislación nacional desde octubre del año anterior. Bruselas ha otorgado un periodo de dos meses antes de considerar la posibilidad de presentar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el objetivo de imponer una sanción.
El comunicado se presenta en forma de un dictamen motivado, que corresponde a la segunda etapa de las tres que comprende un procedimiento de infracción. Este proceso otorga a las autoridades un plazo de dos meses para responder al ultimátum y adoptar las acciones requeridas. Además, Bruselas ha advertido que, de no solventarse las discrepancias, evaluará la opción de llevar el asunto ante la Justicia europea para demandar una sanción al país infractor.
La directiva actualizada sobre la resiliencia de las entidades críticas debía haber sido transpuesta a las legislaciones nacionales a más tardar el 17 de octubre, pero España, junto con una docena de otros países, aún no ha cumplido y también están sujetos al mismo procedimiento sancionador.
El Ejecutivo comunitario resalta que la nueva normativa moderniza y completa las reglas comunes sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. Con esto, la UE busca asegurar la continuidad de servicios esenciales para la sociedad y economía de la UE en sectores clave como la energía, el transporte, la salud, el agua, la banca y las infraestructuras digitales, aumentando la capacidad de resistencia de las entidades críticas que ofrecen estos servicios vitales frente a desafíos como riesgos naturales, ataques terroristas, amenazas internas y sabotaje.
Por este motivo, los servicios comunitarios enfatizan que la transposición rápida de la directiva es esencial para alcanzar ese objetivo común entre los 27 miembros y ahora da dos meses a los países notificados para corregir su retraso. De no cumplir, la Comisión indica que sus servicios considerarán la posibilidad de enviar los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones financieras.
