La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España debido a deficiencias en la implementación de la Directiva europea diseñada para combatir la violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Esta legislación se estableció tras las diversas sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, con el objetivo de unificar los delitos y las infracciones por eludir las medidas restrictivas.
Junto con otros 17 países miembros, como Francia, Alemania, Italia y Polonia, Bruselas ha otorgado dos meses a las autoridades españolas para que presenten un informe detallando las acciones realizadas para incorporar la normativa europea, conforme a la carta de notificación formal enviada.
Si las explicaciones no son convincentes, la Comisión podría emitir un dictamen razonado, un paso necesario antes de considerar la posibilidad de llevar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva tiene como finalidad evitar el incumplimiento de las sanciones de la UE, incluyendo aquellas establecidas tras la confrontación militar iniciada por Rusia contra Ucrania. Al armonizar el Derecho penal a nivel nacional, se facilita la investigación y procesamiento de cualquier infracción a las sanciones de la UE en todos los Estados miembros, mejorando así la efectividad de estas medidas.