La Comisión Europea ha anunciado el comienzo de un procedimiento sancionador en contra de España, acusándola de no incorporar correctamente en su legislación nacional la normativa europea sobre el control de la adquisición y posesión de armas de fuego.
Este proceso sancionador se inicia con la entrega de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, señalándoles las deficiencias detectadas y otorgándoles un plazo de dos meses para que presenten soluciones y ajusten su legislación.
De no solucionarse estas deficiencias en el tiempo estipulado, la Comisión Europea podría proceder a emitir un dictamen motivado, dando paso a una fase de diálogo breve antes de proceder a la fase final del proceso, que implicaría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Además de España, la Comisión ha abierto procedimientos similares contra Letonia y Alemania, quienes deberán responder bajo los mismos términos y plazos establecidos para España.
En un comunicado, la Comisión recuerda que la directiva vigente sobre armas de fuego busca establecer estándares mínimos en la adquisición, tenencia e intercambio de armas civiles, como las destinadas a la caza o al tiro deportivo. Esta normativa también incluye medidas para prevenir la importación de dispositivos no autorizados y simplificar los procesos administrativos para los involucrados legítimamente en el comercio de armas.
Asimismo, la directiva detalla especificaciones técnicas para armas de alarma y señalización, que son aquellas que solo disparan munición de fogueo o irritantes, con el objetivo de prevenir su conversión ilegal en armas letales.