La Comisión Europea ha emitido un ultimátum a España, instándola a adherirse completamente a la directiva que regula el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad y aduanas. De no hacerlo, podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este aviso, en forma de un dictamen motivado, otorga un plazo de dos meses para que las autoridades nacionales implementen acciones que faciliten la operatividad de la ‘ventanilla única’ para el intercambio de datos entre los Estados miembro.
Este paso constituye la segunda etapa de un procedimiento de infracción y precede a una posible denuncia por parte de Bruselas ante el Alto Tribunal europeo si verifica que el Estado miembro no toma medidas necesarias durante el tiempo de diálogo establecido.
La directiva busca intensificar la prevención, detección e investigación de delitos en la UE, asegurando que los agentes policiales de un Estado miembro puedan acceder a la misma información que sus homólogos en otros países.
Además, define las normas organizativas y procedimentales para el intercambio de datos entre los servicios de seguridad y aduanas de los Estados miembro, incluyendo la creación de un punto de contacto único que sirva como ‘ventanilla única’ para la comunicación con otros países miembros.
Junto a España, otros países como Polonia, Bélgica, Alemania y Estonia han recibido dictámenes motivados por motivos similares.