El diputado de Compromís integrado en el grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibañez, ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que solicita la apertura de un expediente disciplinario contra el juez David Maman Benchimol, responsable de la instrucción de la denuncia presentada contra José Ángel González, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, por un presunto delito de agresión sexual a una agente subordinada.
Ibañez argumenta que el magistrado, en “reiteradas” ocasiones, “ha banalizado, ridiculizado y negado” la existencia de violencia de género y, en particular, de “violencia vicaria”, por lo que el parlamentario valenciano entiende que “su discriminación a las víctimas de violencia machista” las coloca “en riesgo”.
En su escrito, el representante de Compromís alude a unas manifestaciones atribuidas al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid durante una ponencia pública, difundidas el pasado jueves por diversos medios de comunicación.
Las críticas al discurso del magistrado
Según esas informaciones, el juez habría defendido que las mujeres cuentan con “ventajas” en el acceso al sistema judicial en casos de violencia de género, cuestionando así la legitimidad del sistema de protección institucional y apuntando a un posible “uso fraudulento” de los instrumentos legales por parte de algunas denunciantes.
Del mismo modo, Ibañez recoge que se le achacan expresiones que reproducen estereotipos de género “carentes de base empírica”, como la sospecha generalizada de instrumentalización de los hijos e hijas en contextos de violencia o la imagen de las mujeres como contrarias de forma sistemática a la custodia compartida.
Para el diputado, estas opiniones revelan una visión “distorsionada” de la violencia de género como problema estructural, “desatiende” los estándares técnicos y jurídicos vigentes y resulta “incompatible” con la necesaria incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de la función jurisdiccional.
A juicio de Ibañez, la relevancia institucional de estos hechos exige “una respuesta firme” por parte del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de salvaguardar la confianza ciudadana en la Justicia y asegurar la plena protección de los derechos de las víctimas.
Reclamación de medidas cautelares
Por este motivo, el diputado de Compromís urge a Perelló a que el CGPJ actúe “de forma inmediata” y acuerde la apertura de un expediente disciplinario al magistrado para esclarecer lo sucedido y valorar si las declaraciones efectuadas constituyen “una infracción de los deberes inherentes a la función judicial”.
Además, insta a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces a que, en su caso, adopte las medidas cautelares oportunas con el fin de garantizar la imparcialidad en los procedimientos en los que intervenga este juez, en especial en aquellos vinculados con asuntos de violencia de género.