QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los representantes de Compromís, Àgueda Micó del Congreso y Francesc Roig de Les Corts, han presentado una petición oficial al Defensor del Pueblo para que se presente un recurso de inconstitucionalidad en contra de ciertos aspectos de la ley 5/2025, del 30 de mayo, sobre medidas fiscales, gestión administrativa y financiera, y organización de la Generalitat, que altera la conocida ‘Ley Trans’ valenciana.
Según la coalición, «esta ley, impulsada por PP y Vox, introduce modificaciones sustanciales en la ‘Ley Trans’ valenciana y vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales del ordenamiento jurídico, desnaturalizando su finalidad garantista y suprimiendo múltiples derechos reconocidos a favor de las personas trans».
«Estamos ante el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana. Este es el modelo de PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan, y es el que nos espera si en algún momento llegan a gobernar en el Estado. Atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad, donde solo tienen cabida quienes piensan como ellos. Digan lo que digan desde el Partido Popular, los hechos son incontestables. Siempre y en todos los lugares han estado en contra de los derechos de las personas LGTBI», argumenta Micó en un comunicado.
Por otro lado, Francesc Roig comenta: «Esta ley forma parte del pacto infame entre Mazón y Vox que permitió la continuidad del presidente de la Generalitat con el apoyo de la extrema derecha. Un presidente que cuenta con el rechazo del 80 % de la sociedad valenciana. Es cruel y miserable que el precio de la continuidad de Mazón lo paguen las personas más vulnerables, como ahora las personas LGTBI, y en especial las personas trans. Por eso queremos luchar contra este recorte de derechos también ante el Tribunal Constitucional».
La ley es criticada por debilitar la protección contra la discriminación, imponer criterios médicos y psicológicos retrógrados a las personas trans, etiquetándolas como «personas enfermas», y por modificar la regulación de terapias de conversión, lo que podría permitir prácticas que vulneran la integridad y autonomía individual. Además, afecta la educación inclusiva al eliminar la obligación de abordar la diversidad de género en proyectos educativos y permite la segregación de personas trans en espacios públicos bajo pretextos de intimidad.
Compromís ahora espera que el Defensor del Pueblo evalúe la solicitud y determine si procede con el recurso de inconstitucionalidad contra esta legislación promulgada por PP y Vox en el parlamento valenciano.
