Enric Morera, senador del partido Compromís, ha presentado una solicitud para establecer una comisión de investigación en el Senado que examine las acciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante su periodo al mando del Ministerio desde 2011 hasta 2018. Se investiga su posible conexión con una red de corrupción institucional que, según se sospecha, favoreció económicamente a ciertas empresas privadas mediante el despacho Equipo Económico, que Montoro ayudó a fundar, según el informe de un proceso judicial en curso en Tarragona.
Rajoy y la política de austeridad
«Según este informe, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy imponía una política de austeridad extrema que afectó duramente a las clases trabajadoras, se habría facilitado desde el Ministerio de Hacienda un modelo de asesoramiento fiscal a medida, favoreciendo intereses privados a través de normas redactadas ad hoc, operaciones trianguladas con paraísos fiscales y una presunta connivencia entre estructuras funcionariales y redes privadas de consultoría fiscal», denuncia el senador valencianista.
En una nota de prensa, Morera resalta que «Equipo Económico, en el que participaron antiguos altos cargos del Ministerio, se habría beneficiado de decisiones gubernamentales, operando bajo una apariencia de legalidad que vulnera el principio constitucional de integridad pública».
El grupo Compromís-Izquierda Confederal ha indicado que hay «obstrucciones internas a la investigación, incluyendo el archivo de denuncias, sanciones a fiscales que intentaron actuar, como Carmen García Cerdá, y manipulación de informes técnicos dentro de la Agencia Tributaria para beneficiar al Partido Popular en causas de corrupción».
«Estamos ante un posible caso de captura del Estado desde dentro, una auténtica cleptocracia, en el sentido señalado por organismos internacionales como la OCDE o el Consejo de Europa. Un caso gravísimo que exige una respuesta institucional firme y ejemplar», exige Morera.
Y concluye que «no basta con reformas simbólicas»: «Es urgente depurar responsabilidades y blindar a Estado de quienes lo ponen al servicio de intereses particulares, fortaleciendo los controles internos, protegiendo a los denunciantes y blindando la independencia del Ministerio Fiscal por medio de una cultura de integridad pública real».