Este martes, Compromís ha lanzado una propuesta para que las grandes compañías, que presuntamente se beneficiaron del caso de corrupción asociado al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enfrenten un aumento en sus cargas fiscales durante el mismo periodo de seis años en que operó la supuesta trama. Esta medida busca una especie de compensación fiscal.
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, explicó que este incremento impositivo tocaría principalmente a los sectores que se vieron favorecidos por la amnistía fiscal y los ‘perdones tributarios’ promovidos por Montoro, en momentos en que se reducían ayudas y servicios básicos para las familias.
Ibáñez criticó duramente a estas empresas diciendo que ‘que luego tienen la cara de hablar de paguitas’, subrayando que en realidad fueron las mayores beneficiadas por decisiones que supusieron un coste superior a 3.200 millones de euros para el erario público.
ESCÁNDALO «MAYÚSCULO»
‘La investigación apunta que Montoro y sus amigos lograron ayudas por 50 millones de euros, el equivalente a lo que un trabajador cobrando el salario mínimo percibiría en 3.000 años’, denunció el parlamentario, calificando los hechos como ‘un escándalo mayúsculo’.
Además, Compromís ha planteado cinco medidas urgentes para abordar lo que se conoce como el ‘caso Montoro’, que incluyen la instauración de una comisión de investigación parlamentaria que revise las actividades del Ministerio de Hacienda durante esos años, la implementación acelerada de una ley de ‘lobbies’ robusta, al estilo europeo, y el fortalecimiento de los equipos de inspección fiscal que se enfocan en el fraude de las grandes empresas.
El diputado añadió que la ‘arquitectura austericida del señor Montoro’ limitó la capacidad de los municipios para invertir en servicios públicos y vivienda, y lamentó que tanto PP como PSOE rechazaran una propuesta de Compromís que habría permitido a los ayuntamientos usar 38.000 millones de euros ahora congelados en bancos.
Finalmente, indicó que el ‘caso Montoro’ es solo uno más en una serie de escándalos de corrupción y advirtió que ‘cuando se tenga una ley de secretos oficiales decente seguramente también haya caso Juan Carlos’, en alusión al rey emérito, resaltando que estos casos evidencian que la corrupción se ha ‘institucionalizado en nuestro país por las grandes empresas’.