Este martes, Compromís ha lanzado una propuesta para que las grandes empresas, supuestamente beneficiadas por el escándalo de corrupción asociado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, incrementen el pago de sus impuestos durante el mismo periodo de seis años en que operó la presunta trama, como un mecanismo de compensación fiscal.
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso, detalló que el aumento impositivo se centraría en aquellos sectores estratégicos que aprovecharon la amnistía fiscal y los ‘perdones tributarios’ promovidos por Montoro, en momentos donde se reducían ayudas sociales como subsidios, pensiones y otros servicios públicos.
Además, Ibáñez criticó a estas corporaciones que ‘que luego tienen la cara de hablar de paguitas’, señalando que fueron las más favorecidas por políticas que provocaron una pérdida superior a los 3.200 millones de euros para el estado.
ESCÁNDALO ‘MAYÚSCULO’
‘La investigación apunta que Montoro y sus amigos lograron ayudas por 50 millones de euros, el equivalente a lo que un trabajador cobrando el salario mínimo percibiría en 3.000 años’, aseveró el parlamentario, describiendo los hechos como ‘un escándalo mayúsculo’.
Compromís ha planteado cinco medidas urgentes para abordar el conocido ‘caso Montoro’, incluyendo la formación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las operaciones del Ministerio de Hacienda durante esos años, la aceleración en la implementación de una ley de ‘lobbies’ robusta al estilo europeo, y el fortalecimiento de los equipos de inspección fiscal que persiguen el fraude en grandes empresas.
Ibáñez también mencionó que la ‘arquitectura austericida del señor Montoro’ limitó la capacidad de los municipios para invertir en servicios públicos y vivienda, lamentando el rechazo por parte de PP y PSOE a una iniciativa de Compromís que habría permitido a los ayuntamientos usar 38.000 millones de euros congelados en bancos.
Finalmente, alertó sobre cómo el ‘caso Montoro’ es solo uno más en una serie de escándalos de corrupción y predijo que ‘cuando se tenga una ley de secretos oficiales decente seguramente también haya caso Juan Carlos’, refiriéndose al rey emérito y concluyendo que la corrupción se ha ‘institucionalizado en nuestro país por las grandes empresas’.