QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, Los Comunes han instado al Gobierno a que desclasifique la información que se mantiene en reserva sobre la posible conexión de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos y está siendo investigado por presuntamente beneficiarse de una red corrupta establecida desde el Ministerio de Transportes, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Argumentan que esta acción es crucial «por su evidente interés público».
Gerardo Pisarello, diputado de los Comunes y primer secretario de la Mesa del Congreso, ha presentado varias preguntas dirigidas al Gobierno concernientes a las distinciones, vínculos institucionales y supuesta protección que habrían sido otorgados a Koldo García, quien fue indultado durante el mandato de José María Aznar y recibió una condecoración de Juan Ignacio Zoido poco antes del fin del gobierno de Mariano Rajoy.
Las solicitudes de Pisarello tienen el objetivo de esclarecer la participación de altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la entrega de la Cruz Blanca de la Orden del Mérito a García en 2018, así como los méritos que justificarían tal honor y las posibles interacciones oficiales o extraoficiales que se mantuvieron con el exasesor desde 2018 hasta 2023.
UN PROBLEMA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL
Según un informe recogido por Europa Press, los documentos judiciales y los reportes policiales indican que durante la pandemia operó una organización criminal que conseguía contratos públicos a cambio de sobornos significativos, y señalan la «penetración institucional» que logró la red «gracias a los vínculos de García con mandos policiales y militares», evidenciados en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales.
Pisarello ha expresado que la existencia de estas relaciones personales, simbólicas y orgánicas entre quien sería el principal corruptor de la red y miembros de las FCSE genera un problema de confianza institucional y de legitimidad democrática, especialmente porque gran parte de esta información está protegida por la Ley de Secretos Oficiales, al tratarse de relaciones con miembros del servicio. Además, ha subrayado que los ciudadanos merecen conocer «si hubo protección institucional encubierta y si se utilizaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas por parte de quien hoy es el epicentro de un escándalo político de primer orden».
