La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha declarado que el Consell empleará ‘todo lo posible’ y buscará ‘todas las vías posibles’ para impedir la asignación de menores migrantes que el Gobierno quiere imponer a las comunidades autónomas, calificando esta medida como ‘inconstitucional, irresponsable e injustificado’ dada la capacidad de acogida tanto de la Comunitat Valenciana como de otras regiones.
El Gobierno tiene la intención de distribuir cerca de 5.000 menores migrantes, asignando a la Comunitat Valenciana la recepción de 571 de ellos. ‘Acogerlos con el sistema de protección que nos hemos dado, que tiene un precio de 218 euros al día por menor, supondría 45,5 millones de euros que no nos va a aportar el Gobierno de España y que nosotros tendríamos que sacar no sé de dónde’, explicó Camarero, rechazando ‘hablar de los menores como si fuese mercancía y un número’.
Antes de su visita al Centro de Atención Temporal de Extranjeros Valencia al Mar, Camarero ha indicado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, excepto Ceuta, no asistieron a la conferencia sectorial de Infancia donde se discutiría este reparto. ‘La Generalitat no ha asistido por una razón básica: porque está convocada de una forma ilegal. Por tanto, todos los acuerdos que se puedan adoptar en esa conferencia serán nulos de pleno derecho’, afirmó. Además, señaló que la reunión preparatoria ‘terminó sin acuerdo’ y sin orden del día, y criticó la falta de respuesta de la ministra de Infancia, Sira Rego, a los requerimientos del Consell.
Camarero ha expresado que el Consell no se hará ‘cómplice del atropello del Gobierno con las comunidades autónomas en esta materia’, y ha denunciado que el reparto propuesto ‘no obedece a un criterio objetivo’. ‘El Gobierno silencia, ningunea y desprecia a las comunidades sin contestar absolutamente nada’, denunció.
‘Solo nos cabe una conclusión, que el Gobierno hoy intenta utilizar a los menores no solo como mercancía, sino como cortina de humo para que se hable de esto y no se hable de los casos de corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez’. Además, ha mencionado que la crisis migratoria en Canarias ‘no es nada nuevo’, y cuestionó la ‘urgencia’ del Gobierno para realizar este reparto sin una coordinación adecuada entre las autonomías.
‘El Gobierno está lavándose las manos con el problema de la inmigración y no está haciendo nada por evitar la crisis migratoria. Lo único que hace es repartir’, agregó, al tiempo que anticipó que ‘esto será un suma y sigue’. Camarero también ha enfatizado que el reparto es ‘inconstitucional’ por invadir de manera ‘unilateral’ las competencias autonómicas de protección de menores. ‘Es irresponsable, y esto es lo que más duele, porque pretende cargarse el sistema de protección que nos hemos dado entre todos en la Comunitat Valenciana’, reprochó.
Además, criticó que el Gobierno ‘no tiene ni previsión ni planificación este reparto’, ya que ‘no ha determinado cuándo va a mandar’ a los 517 menores a la Comunitat, en qué condiciones y con qué edades. ‘No sabemos si vienen niños enfermos, con discapacidad, adolescentes, porque estamos hablando de menores de 17 años, que es la media con la que acceden a nuestro territorio’. Los centros están ‘colapsados al 160%’ de su capacidad, después de que el año pasado se incrementaran las plazas ‘un 63%’. ‘Hoy no caben en el sistema más niños. No podemos recibir a estos niños con la dignidad que se merecen’, subrayó, exigiendo al Gobierno ‘que sea responsable, que se deje de poner cortinas de humo, que se deje de utilizar a los menores como mercancía y que trabaje desde el punto de partida con las comunidades autónomas para solucionar la crisis migratoria’.
Camarero lamentó que ‘no hay una política migratoria por parte del Gobierno’ y abogó por trabajar ‘en los países de origen’ para evitar que ‘los niños abandonen a las familias y se juegen la vida en el mar’. También instó al Ejecutivo a ‘luchar contra las mafias’ en las fronteras y a evitar el ‘efecto llamada’. En contraste, aseguró que la Generalitat está ‘trabajando desde la cooperación en los países de origen para darles a estos jóvenes el futuro que merecen’ y en contacto con las entidades que atienden a los menores, que ‘dicen que no tenemos ni infraestructura ni personal para acoger este volumen de menores que pretende mandar el Gobierno’. Destacó además que el Consell acudió al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges para pedir ayuda.
Adicionalmente, la vicepresidenta destacó la necesidad de abordar la emancipación de estos jóvenes cuando cumplen 18 años, ‘dejan de estar en el sistema de protección y pasan a la vulnerabilidad más absoluta’. ‘El Gobierno de España no ha puesto ni una sola medida para ayudar a estos menores cuando cumplen 18 años’, criticó, mientras el Consell ayudó a ‘más de 400 jóvenes’ migrantes en pisos tutelados y atendió a ‘más de 2.300’ para ayudarles a buscar empleo y formación.