El abogado y eurodiputado de los ‘Comuns’ Jaume Asens ha defendido que la resolución del Tribunal Supremo (TS) contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, merece “una sanción” por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su juicio, varios magistrados no han actuado con la debida neutralidad y algunos de ellos presentan “conflicto de intereses” al mantener una “relación de confianza” con una de las partes del procedimiento.
En una entrevista en “La hora de la 1” de TVE, recogida por Europa Press, Asens ha recordado la denuncia presentada la semana pasada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante la ONU. Sin embargo, ha subrayado que, más allá de esa vía internacional, el asunto de la independencia de los jueces “merece una sanción” en el seno del CGPJ.
“Si uno coge la ley orgánica del Poder Judicial, es evidente que ha habido una vulneración, una vulneración clara. Y hay un conflicto de intereses en muchos de esos magistrados”, ha señalado el eurodiputado, aludiendo a que uno de los jueces del TS que ha suscrito la condena al ex fiscal general, Antonio del Moral, dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso.
Desde la perspectiva de Asens, esos magistrados “se tendrían que haber abstenido” o, como mínimo, haber puesto en conocimiento del resto del tribunal “que tenían una relación de confianza con una de las partes”, un extremo que se ha sabido “con posterioridad” y que, según denuncia, “han ocultado” los integrantes del Supremo.
El eurodiputado considera además que el panorama se complica porque la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, “se ha puesto del lado” del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, por lo que ve “difícil que prospere” cualquier intento de depurar responsabilidades internas.
Los jueces deben ser y parecer imparciales
Al ser preguntado por la participación de tres magistrados en cursos de formación retribuidos por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) —entidad que ejerce la acusación particular en la causa contra el ex fiscal general—, Asens ha sostenido que estos jueces no han preservado la apariencia de neutralidad exigible.
“Los jueces no solo tienen que ser imparciales, tienen que parecerlo. Y en este caso hay muchos elementos que rompen esa imagen de imparcialidad”, ha indicado, cuestionando que aceptaran cobrar del mismo colegio profesional que actúa como acusación en el procedimiento.
El abogado ha lamentado que tiene “la sensación” de que se está “otra vez” ante “un caso de abuso de una oligarquía judicial” y de “un despotismo propio de una oligarquía judicial” que, en su opinión, “en realidad no cree que este Gobierno sea legítimo”.
Ha añadido que hay jueces que consideran que el Ejecutivo “debería convocar elecciones” porque “la derecha no acepta el resultado de las elecciones”, y que “la derecha judicial tampoco” asume ese desenlace en las urnas.
“Estamos ante un caso muy kafkiano”
Asens ha calificado el procedimiento por el que se ha condenado al fiscal general por revelar datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como “un caso muy kafkiano, muy surrealista”.
Entre otras razones, ha señalado que el propio tribunal que ha sentenciado al fiscal general del Estado por filtración “ha sido el primero en filtrar datos que no puede filtrar”, incluyendo “datos personales” de García Ortiz como su dirección o su correo electrónico.
“Eso afecta mucho más a su vida personal que lo que presuntamente puede afectar a la pareja de Ayuso, porque estamos hablando de datos procesales, en este caso, de actos de corrupción, como los papeles de Bárcenas. ¿Podríamos decir que los papeles de Bárcenas también afectan a su intimidad, el hecho de que se hicieran públicos?”, se ha preguntado, contraponiendo ambos supuestos.
El dirigente de los ‘Comuns’ sostiene que el tribunal que ha condenado al fiscal “no es coherente” y que, en el caso del presidente del órgano sentenciador, Andrés Martínez Arrieta, “incurre en un delito” al haber revelado “cosas que no puede revelar” en “la sede de la acusación que el paga”, durante los cursos del ICAM y en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado.
Según ha relatado, “revela el estado de las deliberaciones, revela que se ha desplazado a la ponente, a Susana Polo, que es progresista, porque su tesis absolutoria ha caído y por eso él es el ponente”, recordando que el Código Penal y la ley orgánica del Poder Judicial prohíben expresamente “revelar el estado de las deliberaciones”.