Más allá de la inmigración, la financiación autonómica o los PGE, que el PP se esfuerza por mantener en la agenda mediática, los populares están dando una batalla en las instituciones por la defensa de su acción legislativa. Las denuncias al "bloqueo" de la Mesa del Congreso a las iniciativas que remite la Cámara Alta o que, excepcionalmente, el PP logra que superen la toma en consideración en la Cámara Baja, no son nuevas.
Sin embargo, la demanda se ha intensificado desde que en septiembre, Alberto Núñez Feijóo anunció que el Grupo Popular en el Senado estaba estudiando la posibilidad de plantear un conflicto de atribuciones en defensa de las iniciativas que están paralizadas en el Congreso «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una estrategia que también se ha evidenciado en los Plenos de la Cámara Baja estos últimos meses.
Toma la palabra
A mediados de octubre en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular para la compensación económica de 600 euros para celíacos, la diputada encargada de defender la iniciativa, Maribel Sánchez, finalizó su intervención con una petición a la presidenta del Congreso, Francina Armengol: "No la meta en el congelador donde ya tiene 41 iniciativas del PP".
También en ese mismo pleno, durante el debate de una iniciativa del Grupo Socialista, para modificar la Ley de Bases de Régimen Local e implantar el voto telemático para los concejales, la sesión estuvo marcado por el reproche del PP que, a pesar de votar a favor, recordó que el Senado envió una reforma de esa misma ley en primavera de 2024, que los socialistas y Sumar tienen congelada "en la nevera de Armengol".
Sin opción al BOE
Tanto en público como en privado, la tesis que defienden los populares parte de la misma premisa: es una situación inédita. Fuentes del Grupo Popular insisten a Demócrata que "la obligación de las Cámaras es ponerlas todas en marcha y no bloquearlas para impedir que salgan adelante y se publiquen en el BOE porque son del PP".
En el equipo de Feijóo cifran en 41 el número de iniciativas que consideran son "víctimas" de continuas ampliaciones de enmiendas, sumando las que proceden del Senado y las que aprueba el Congreso.
El récord lo ostenta la proposición para aplicar a los servicios de peluquería, barbería y estética el 10% de IVA. Una medida que remitió la Cámara Alta al Congreso en diciembre de 2023 y que acumula 76 ampliaciones de enmiendas. En el ánimo de la propuesta, estaba tratar compensar fiscalmente a uno las profesiones más castigadas por la pandemia y que según datos aportados por el propio sector en los últimos años había experimentado un incremento de la economía sumergida e intrusismo.
Otra de las más veteranas es la propuesta de reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para equiparar legalmente “dependencia” con un grado mínimo de discapacidad (33 %). De modo que cualquier persona valorada como dependiente sea automáticamente reconocida como persona con discapacidad, sin necesidad de iniciar otro procedimiento. En concreto, la Mesa ha ampliado 73 veces el plazo de enmiendas desde enero de 2024.
Un análisis elaborado por Demócrata en enero de 2025, a partir de la aritmética del Congreso, los debates de las iniciativas y las votaciones en el Senado, puso de manifiesto que gran parte de las iniciativas emanadas del Senado, contarían con los votos necesarios para ser refrendadas en la Cámara Baja.
Algunas incluso, saldrían adelante con la oposición del PSOE y Sumar, gracias al apoyo de otros partidos que componen el bloque de investidura, o que lo apoyaban, como es el caso de Junts.
Una de las proposiciones que más respaldo logró en su paso por la Cámara Alta fue la iniciativa para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios. Una demanda en auge de los profesionales afectados y que ha visto prolongado su período de enmiendas hasta en 59 ocasiones. Todo esto en lo que respecta a las PL aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta y que serían objeto del conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional que están valorando plantear los populares.
Sí del Congreso, no de la Mesa
Por otro lado, hay casi decena de normas en las que al Grupo Popular del Congreso le dieron las cuentas para superar la toma en consideración, bien con el PSOE, o bien con alguno de los socios del bloque de investidura, que sin embargo, no han avanzado más allá de la fase de enmiendas.
Liderando esa lista se encuentra una proposición sobre la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva que lleva 59 prórrogas. La última iniciativa en sumarse a esta lista es la reforma para que el control de los datos personales de la Fiscalía no dependa del fiscal general. Se da la circunstancia de que en fase de enmiendas ya hay una PL de idénticos términos procedente del Senado.
Prioridades públicas
El conjunto de proposiciones que permanecen "paralizadas" afectan a todas las carteras: desde la reforma de la LOREG, pasando por la implementación de coeficientes reductores para la jubilación, a la reforma del Código Penal o el Estatuto de la Fiscalía. También las hay sobre violencia en el ámbito sanitario, los afectados por la Talidomina o la propiedad intelectual.
Aunque la demanda del PP es que se reactive la tramitación parlamentaria de todas ellas, hay algunas por las que están dando más la pelea públicamente. Es el caso de su proposición de ley «antiokupas», para reformar el Código Penal y endurecer las penas contra la ocupación ilegal de viviendas, que eleva a tres años la pena superior por ocupación de inmuebles que sean vivienda, introduce consideraciones para los casos en los que el delito se ejecute por parte de bandas organizadas y añade un nuevo apartado a la Ley de Bases de Régimen Local para poder anular inscripciones en el censo municipal en casos de “ocupantes ilegales”.
La norma fue tomada en consideración por el Senado hace año y medio, y el pasado mes de agosto, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, pidió al PSOE explicaciones de por qué "no quiere que se debata en el Congreso".
En este sentido, la actual vicesecretaria de regeneración institucional de los populares, Cuca Gamarra, reiteró en octubre que no tiene "justificación" que el Gobierno y sus socios bloqueen "todas las iniciativas del PP enfocadas a resolver los problemas de los españoles".
"Leyes claves contra la inseguridad como la de multirreincidencia, la de antiokupas, la restauración de la autoridad de los agentes o la mejora de medios contra el narcotráfico, que podrían evitar que un delincuente “entre por una puerta de la comisaría y salga rápidamente libre por la otra”, añadió la exportavoz del grupo parlamentario.
Feijóo insiste
En la última Junta Directiva Nacional del año, coincidiendo con la valoración de los resultados de las elecciones extremeñas, Feijóo enumeró cinco ejes para "reparar institucional y moralmente a España", entre ellos "el desbloqueo".
"Vamos a desbloquear lo que las Cortes han aprobado por mayoría y que este Gobierno ha paralizado y boicoteado", aseguró antes de enumerar las iniciativas que integran la agenda de prioridades legislativas de los populares:
- Bajada de impuestos para reducir el precio de la vivienda
- Medidas 'antiokupación'
- Seguridad en las fronteras
- Exención del IVA a los autónomos por debajo de 85.000 euros
- Recuperación de las indeminizacion en la alta velocidad
"¿No están de acuerdo los socios?, pero si ya lo hemos votado", insistió el presidente del PP, en alusión a las proposiciones sobre estas materias que aguardan su desbloqueo.
El PP inicia el nuevo año con el anhelo de que algunas de sus medidas puedan salir adelante en el próximo periodo de sesiones.