El próximo martes, el Congreso cerrará su actividad antes del verano con un Pleno extraordinario donde se discutirán tres decretos leyes, tres leyes del Senado y dos reformas del Reglamento del Congreso, impulsadas por PSOE y Sumar. Este último Pleno comenzará a las once de la mañana y tratará de convalidar las normativas que han sido previamente aprobadas por el Consejo de Ministros desde mediados de junio, las cuales requieren de convalidación en los 30 días posteriores a su aprobación.
Entre las medidas a debatir se encuentra un decreto del 17 de junio firmado por el Ministerio de Hacienda que actualiza las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales. Asimismo, se evaluará un decreto del Ministerio de Transición Ecológica destinado a fortalecer el sistema eléctrico para prevenir apagones como el ocurrido el 28 de abril en la Península Ibérica.
ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS PÚBLICO
Otra medida a debatir, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca declarar ciertas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público, ofreciendo incentivos fiscales debido a su significativa importancia cultural y deportiva. Adicionalmente, se discutirán tres normas provenientes del Senado, incluyendo la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y una reforma legal sobre la responsabilidad civil en la circulación de vehículos, donde se incluye una deducción del Salario Mínimo Interprofesional en el IRPF hasta 340 euros.
Finalmente, el Pleno también resolverá sobre dos reformas reglamentarias que buscan reescribir en lenguaje no sexista las normas de la Cámara y establecer sanciones a periodistas que interfieran en la labor parlamentaria, además de permitir el voto a distancia bajo ciertas circunstancias. Estas reformas han sido avanzadas con el apoyo de PSOE y sus socios habituales, y la oposición de PP y Vox.
El debate sobre la reducción de la jornada laboral y la ley de movilidad sostenible ha sido postergado debido a la compleja situación política y los recientes escándalos de corrupción, lo que ha dificultado la aprobación de estas leyes en el actual contexto parlamentario.