La Comisión Constitucional del Congreso ha desestimado una propuesta del Partido Popular que solicitaba que se reconociera oficialmente que la Ley de Amnistía de 2023 no se promulgó por motivos de ‘convivencia o reconciliación’, como sostuvieron sus proponentes, sino como una ‘contraprestación política’ para asegurar la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La propuesta, que contó con el respaldo de Vox y Unión del Pueblo Navarro, fue rechazada por los votos de PSOE, Sumar y sus aliados en el parlamento. Este mismo día, el Tribunal Constitucional aceptó considerar el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont, quien desafía la decisión del Tribunal Supremo de no concederle la amnistía por la malversación en el ‘procés’.
Según el PP, esta ley fue una medida acordada tras los comicios del 23 de julio de 2023 con Junts, cuyos votos eran esenciales para la investidura de Sánchez. Bruselas había señalado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley no atendía a un interés general, sino que buscaba asegurar ‘la impunidad de actores políticos específicos’. Además, criticaron la rápida tramitación de la ley, que no incluyó consultas públicas ni informes independientes, infringiendo principios del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial.
El PP también hizo referencia a declaraciones de miembros de Junts que admitían su participación en la redacción final de la ley, y a declaraciones de líderes del PSOE que previamente habían rechazado la amnistía, incluyendo al presidente del Gobierno. El partido argumentó que estos hechos confirmaban que la ley se promulgó únicamente para satisfacer las necesidades políticas del Ejecutivo, por lo que solicitaban que el Congreso reconociera que la motivación detrás de esta legislación ‘no fue otra que la obtención del apoyo de determinados partidos políticos, liderados por personas beneficiarias de la misma que participaron en su redacción, a la investidura del candidato Pedro Sánchez’.