Este martes, la Mesa del Congreso ha ratificado una normativa que especifica por escrito las acciones de periodistas que podrían ser objeto de sanciones y clarifica los criterios para denegar acreditaciones a ciertos medios, incluidos aquellos con menos de diez empleados o deudores de la Seguridad Social.
La disposición es una ampliación del Reglamento del Congreso reformado en julio, donde el PSOE y sus aliados introdujeron un sistema punitivo que podría resultar en la revocación de acreditaciones, una medida que no fue apoyada por PP y Vox.
Desde el partido socialista se afirma que el objetivo de la normativa no es limitar a los periodistas, sino controlar los incidentes causados por los denominados ‘pseudoperiodistas’ que interfieren en las actividades parlamentarias y periodísticas.
ZONAS VEDADAS A LA PRENSA
La mayoría progresista en la Mesa subraya que el texto aprobado detalla prácticas que ya se aplicaban en la Cámara, estableciendo las áreas donde los periodistas pueden moverse libremente y aquellas que requieren autorización previa. Asimismo, se prohíbe a los periodistas literarios capturar imágenes y vídeos dentro del Congreso, privilegio exclusivo para los informadores gráficos.
El acuerdo también formaliza el proceso de acreditación, a cargo de la Dirección de Comunicación del Congreso. Se establecen los criterios para los medios que pueden obtenerla y aquellos que no, introduciendo requisitos como confirmar un mínimo de diez empleados registrados en la Seguridad Social y la solvencia en el pago de cuotas.
NI WEBS, NI COLABORADORES DE PARTIDOS
No se otorgarán acreditaciones a sitios web, blogs, canales de YouTube, emisoras de radio y cadenas de TV digitales sin concesiones administrativas, así como a los departamentos de comunicación de ‘lobbies’. Además, se impide acreditar a cualquier persona que trabaje o colabore con equipos de comunicación de partidos o fundaciones políticas.
En casos de conductas sancionables, se podrá denunciar al periodista ante el departamento de Comunicación y la Mesa del Congreso lo remitirá al nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), integrado por miembros de la Mesa, periodistas de la APP y representantes de cada grupo parlamentario. Los partidos decidirán sobre las sanciones, aunque la resolución final corresponde a la Mesa del Congreso, donde es posible apelar.