Este jueves, la Comisión de Defensa del Congreso analiza y somete a votación una propuesta de Sumar que busca obligar al Gobierno a revelar un programa de sustitución de los programas militares que fueron suspendidos tras el veto al comercio de armamento con Israel, en el contexto del conflicto en la Franja de Gaza.
El veto a la compraventa de armamento a Israel fue aprobado por el Gobierno a comienzos de octubre como respuesta a la ofensiva en Gaza, que fue descrita por el Gobierno como un ‘genocidio’. El presidente Pedro Sánchez explicó que esta medida refrendaba el veto al comercio militar con Israel que se venía aplicando ‘de facto’ desde el 7 de octubre de 2023.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa había anunciado un ‘plan de desconexión’ con la industria militar israelí, buscando reemplazar los productos israelíes sin comprometer las capacidades del Ejército, aunque se reconocía una ‘dependencia’ en ciertos materiales de Inteligencia y tecnología. No obstante, en septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que se había concluido la relación industrial con Israel en materia de defensa.
MISILES ANTICARRO, LANZACOHETES Y SISTEMAS DE COMBATE AÉREO
Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso, según recoge Europa Press, centrándose en la cancelación de contratos para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, por un total de 237 millones de euros, adjudicados a PAP Tecnos Innovación SAU; un contrato para el sistema lanzacohetes SILAM, valorado en 576 millones, con participación de la firma israelí Elbit Systems; y un acuerdo por sistemas de combate aéreo, por un valor de 207 millones, adjudicado a Rafael.
El grupo parlamentario de Sumar solicita que el Gobierno publique cuanto antes un calendario de reemplazo para todos los programas de seguridad y defensa que involucren bienes, tecnologías o patentes israelíes.
Además, piden que al menos el 80% de los fondos presupuestados para programas de defensa se ejecuten en España y el 90% en la Unión Europea. En abril, el Gobierno aprobó el plan industrial de defensa con un presupuesto de 10.471 millones de euros, con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB destinado a defensa.