El Congreso evalúa hoy un proyecto de ERC para investigar abusos en el servicio militar

ERC propone al Congreso que el Gobierno reconozca y repare los abusos en los cuarteles militares de los 80 y 90.

Archivo - Un soldado de la Legión participa en una maniobra de simulación de fusiles en un recinto ambientado en un "poblado afgano" en las inmediaciones del recinto del Campamento de Ronda, Málaga, Andalucía, (España), a 7 de octubre de 2020. María José López - Europa Press - Archivo

Este jueves, la Comisión de Defensa del Congreso discutirá y someterá a votación una propuesta de ERC que solicita al Gobierno reconocer, investigar y compensar los abusos y acosos sufridos por “miles de jóvenes” en los cuarteles durante las décadas de los ochenta y noventa, en el periodo del servicio militar obligatorio.

La iniciativa, presentada como una proposición no de ley, se sustenta en el documental ‘Et faran un home’, que reveló que “muchos reclutas sufrieron vejaciones, malos tratos y agresiones en un entorno que debería garantizar su seguridad y bienestar”. Según la proposición, los líderes militares a menudo promovían o encubrían estos delitos, evidenciando “un patrón de impunidad y negligencia institucional” por parte de las autoridades.

SUICIDIOS DOCUMENTADOS

Según cálculos del Ministerio de Defensa, entre 1983 y 2001, se registraron más de 300 suicidios en las Fuerzas Armadas. ERC sugiere que las cifras podrían ser mucho mayores si se consideraran las muertes bajo circunstancias sospechosas. “Varias familias, a raíz de la investigación del documental, han sabido que el fallecimiento fue un suicidio propiciado por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en los cuarteles militares”, apunta la formación catalana.

ERC enfatiza que estos casos no son aislados, sino parte de una problemática estructural persistente. “Estos episodios representan un fracaso colectivo que merece una revisión exhaustiva y una reparación moral, simbólica y económica hacia las víctimas”, señala el partido.

Finalmente, ERC reclama una investigación “exhaustiva e independiente”, la identificación y sanción de los responsables políticos y militares, y pide al Gobierno medidas de reparación para las víctimas, incluyendo asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para ellas y sus familiares.

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