QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso de los Diputados debatirá y decidirá sobre la proposición de ley de Vox que busca una reforma en la Ley del Menor de 2000. La iniciativa propone reducir la edad penal de 14 a 12 años, aumentar la severidad en las penas para los menores de 18 años, extender los tiempos de internamiento para delitos graves y agilizar la expulsión de menores extranjeros.
La propuesta especifica en el artículo 10 que se podrá expulsar a menores extranjeros y revocar la nacionalidad española en casos donde esta haya sido adquirida. La decisión judicial será “título suficiente para la expulsión del menor, sin necesidad de ulterior resolución administrativa”, y se podrá llevar a cabo incluso si los tutores legales residen en España.
Además, se contempla que un menor pueda cumplir la medida en su país de origen bajo acuerdos bilaterales, o que parte del internamiento en España se compense con la expulsión.
HASTA 10 AÑOS DE INTERNAMIENTO PARA MENORES DE 15 AÑOS
El texto propuesto fija una duración de internamiento en régimen cerrado de tres a ocho años para menores de entre 12 y 15 años, y de cinco a doce años para aquellos de 16 o 17 años en casos de delitos severos como homicidio o agresiones sexuales, según se establece en los artículos 138, 139, 178 a 181 o 571 a 580 del Código Penal.
El artículo 11 incrementa el máximo de internamiento a diez años para menores de entre 15 y 16 años y a quince años para los mayores de esta edad en casos de delitos graves. También endurece las sanciones disciplinarias en centros de internamiento e incrementa las horas máximas de servicios comunitarios a 150 horas. La medida de permanencia de fin de semana no superará los doce fines de semana.
La proposición también sustituye la palabra ‘falta’ por ‘delito leve’ y modifica los plazos de prescripción de los delitos cometidos por menores, alineándolos con el Código Penal.
Según Europa Press, Vox argumenta que es esencial restablecer la responsabilidad individual y ajustar las sanciones administrativas, dado que la regulación actual no refleja la realidad del aumento de delitos entre jóvenes, impulsado por un “deterioro moral y social” y la “proliferación de nuevas figuras delictivas” asociadas a la inmigración ilegal.
