Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado su apoyo a una propuesta del PP, con el respaldo de Vox, Junts, PNV, UPN y CC, que solicita al Ministerio de Justicia una modificación urgente en la normativa de los medios alternativos de resolución de conflictos (MASC), poniendo especial énfasis en la mediación y en la creación de criterios homogéneos para los tribunales.
La proposición no de ley, que ha sido aprobada a pesar de la oposición del Gobierno, incluye una enmienda del PNV que, apoyada por Junts, propone excluir de los MASC los procedimientos monitorios, los desahucios y los casos que involucran a menores, argumentando que en estos escenarios «interesa es la intervención rápida del juez».
María Jesús Moro, portavoz de Justicia del PP, criticó durante la sesión plenaria del martes el «caos, desconcierto e inseguridad jurídica» que, según ella, ha traído consigo la normativa de mediación de la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y pidió que se apliquen criterios uniformes o se lleve a cabo una reforma legal para solucionar los problemas identificados. También mencionó que las quejas de los profesionales han aumentado desde la implementación de la ley, y que la acumulación de unas 90.000 demandas solo en Madrid y Barcelona ha causado un gran atasco y desasosiego.
Además, alertó sobre «la inexistencia de claridad en su ejecución y de criterio común» en los órganos del Poder Judicial, lo que ha creado «un tortuoso camino, un laberinto procesal con importantes consecuencias para los ciudadanos y los profesionales de la Justicia».
LA IZQUIERDA DIVERGE
Artemi Rallo, diputado socialista, subrayó la importancia de avanzar hacia «una cultura del diálogo y del acuerdo prejudicial» y felicitó al PP por reconocer aspectos positivos de la ley de mediación, invitándoles a apoyar otras reformas judiciales del Gobierno.
Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, admitió que es normal que la ley presente disfunciones y vio con buenos ojos medidas como la unificación de criterios y la formación específica para operadores jurídicos. No obstante, rechazó la idea de que se genere caos o se excluyan los MASC en ciertas situaciones, como los desahucios.
Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana, argumentó que la uniformidad exigida en todo el Estado es inaceptable y defendió la necesidad de un sistema de mediación propio para Cataluña.