Este martes, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas evaluará una solicitud de Vox que busca que se elabore un informe sobre los desembolsos efectuados por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en la “inmigración ilegal”. La decisión sobre esta propuesta dependerá de la posición del PP.
A comienzos de septiembre, el partido liderado por Santiago Abascal presentó dos propuestas de auditoría para su discusión en esta comisión, en la que el PP y Vox tienen mayoría absoluta. No obstante, para esta sesión solo se ha considerado la propuesta sobre los gastos asociados a la “inmigración ilegal”, excluyendo la gestión de los menores extranjeros no acompañados, que también había sido propuesta por Vox.
Desde Vox, han destacado que su intención con estas propuestas es que “los españoles conozcan el coste de la inmigración ilegal”, criticando al PP y al PSOE por la “opacidad administrativa” al no atender las “numerosas requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones”.
José Antonio Fúster, portavoz de Vox, declaró en una conferencia de prensa que buscan que “el Tribunal de Cuentas fiscalice con luz y taquígrafos todo el gasto público en materia de inmigración ilegal”, abarcando desde “las subvenciones a ONGs que viven del drama migratorio, hasta los recursos que destina el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a atender a quienes han entrado saltándose” la ley.
En este contexto, Fúster ha solicitado a los partidos que voten “con honradez” y ha instado al PP a que “elija” entre estar “con la transparencia y los españoles que pagan impuestos o está con quienes han hecho subvención del negocio del tráfico de personas y del multiculturalismo”.