La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde PP y Vox cuentan con mayoría absoluta, someterá a votación este martes las distintas propuestas de los grupos para ampliar los supuestos de gastos electorales de los partidos, fijar una regulación más detallada de los microcréditos y recortar el conocido como 'mailing' de sobres, papeletas y propaganda que se remite a los domicilios de los votantes en cada convocatoria electoral.
Las formaciones han concentrado sus planteamientos en las propuestas de resolución registradas a los informes del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las contabilidades electorales de las generales de 2023 y de las elecciones europeas de 2024, que se debatirán y votarán en dicha comisión, en la que PP y Vox suman mayoría.
En estos textos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP propone concretar nuevos conceptos dentro del listado de “gastos electorales” recogido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En la actualidad se consideran gastos electorales los vinculados a la elaboración de sobres y papeletas, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para pedir el voto por cualquier medio, al alquiler de locales para actos de campaña, a las remuneraciones o gratificaciones del personal contratado para la misma y a los desplazamientos de candidatos, dirigentes y personal de la candidatura.
Igualmente se incluyen los intereses de los créditos solicitados para la campaña, devengados hasta la fecha de cobro de la subvención correspondiente, así como los gastos imprescindibles para la organización y funcionamiento de oficinas y servicios electorales.
En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que se “especifiquen en mayor medida” las categorías de estos gastos, y el PP asume esa recomendación incorporando sus propias propuestas.
PP, PSOE y Vox plantean cambios en los gastos y la fiscalización
Los 'populares' reclaman que también se consideren gastos electorales la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos asociados, la organización de comidas y cenas electorales, el avituallamiento de interventores y apoderados o el alquiler de espacios para su atención y coordinación.
El PSOE, por su parte, plantea modificar la LOREG para introducir una “regulación más específica de las categorías” de estos gastos, sin detallar medidas concretas, y anima a utilizar la reforma de la LOREG en tramitación en el Congreso para introducir propuestas que eviten la “falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir”.
Vox propone que el cálculo de los intereses de los créditos contratados por los partidos para sufragar las campañas, y su consideración como gasto reembolsable, se prolongue “hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas”.
Además, la formación de Santiago Abascal pide al Tribunal de Cuentas que homologue los criterios de fiscalización en todos los procesos electorales y que complete la revisión de las contabilidades de las elecciones generales en un plazo máximo de seis meses desde su celebración.
Microcréditos: límites, plazos y control
Entre las propuestas de Sumar sobresalen las relativas a los microcréditos utilizados por los partidos para financiar sus campañas, en las que recoge las recomendaciones del órgano fiscalizador. Defiende que la cuantía máxima por prestamista “no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas”, actualmente fijado en 50.000 euros anuales.
También plantea que los microcréditos se canalicen a través de las cuentas bancarias electorales, que el plazo de devolución no supere un año natural desde la fecha de los comicios, que la renuncia al reembolso se formalice preferentemente por vía telemática y que dicha renuncia sea considerada una donación “a todos los efectos”.
Sumar, junto con PP y PSOE, coincide en la necesidad de una nueva regulación de los microcréditos y en reformar la Ley de Financiación de Partidos para que las donaciones privadas realizadas en periodo electoral se entiendan siempre destinadas a financiar ese proceso, queden sometidas a los requisitos de la Ley Electoral y se ingresen en las cuentas específicas abiertas para tal fin.
Revisión del 'mailing' y alternativas al envío masivo
PSOE y Sumar comparten con el Tribunal de Cuentas la conveniencia de revisar el actual modelo de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral, con el doble objetivo de reducir costes y consumo de papel, si bien Sumar se muestra más alineado con las recomendaciones del órgano presidido por Enriqueta Chicano.
En concreto, Sumar propone analizar la “eficiencia material y económica” del 'mailing' electoral, teniendo en cuenta que los sobres y papeletas pueden recogerse en los colegios electorales el día de la votación. Asimismo, defiende un procedimiento “más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información”, que refuerce las garantías en su ejecución y permita ahorrar costes, por ejemplo, mediante una compra centralizada de sobres y papeletas.
En sus informes, el Tribunal de Cuentas recuerda que los partidos deben demostrar que han puesto este material a disposición de los electores, ya sea mediante el envío postal o entregándolo directamente a los votantes en sus sedes o en actos de campaña.
El PSOE se limita a animar a los grupos a aprovechar la reforma de la LOREG en curso en el Congreso para plantear un nuevo procedimiento de envíos de sobres, papeletas y propaganda, sin detallar fórmulas alternativas ni aludir a compras centralizadas, y manteniendo la referencia a los envíos postales personalizados.
Correos, preregistro telemático y refuerzos de material
En este contexto, los socialistas plantean que las Cortes insten al operador del servicio postal a implantar un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que vayan a realizar el envío directo y personal de este material, con el fin de identificar “de forma inequívoca” los envíos que puedan ser objeto de subvención.
También piden que el operador postal refuerce la tramitación electrónica del procedimiento de depósito de propaganda electoral, tanto en el pago del anticipo a cuenta de los envíos como en su justificación, en la emisión de albaranes y en la facturación posterior a los partidos.
El PP, por su lado, reclama al Gobierno que disponga de un stock de sobres y papeletas para “hacer refuerzos” en aquellas zonas o municipios donde el 'mailing' “al no garantizar Correos su distribución” no llegue o lo haga de forma incorrecta.
Además, los 'populares' pretenden que las Cortes insten tanto al Gobierno como al Tribunal de Cuentas a “abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados”, argumentando que, cuando se contratan sobres y papeletas, todavía no se dispone del censo definitivo y se desconoce el número exacto de envíos que finalmente se depositará en Correos.