Cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad en España han presentado este jueves en el Congreso de los Diputados las 130.000 firmas reunidas en la plataforma Change.org para reclamar una reforma en profundidad de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Consideran que las sanciones actuales son "insuficientes" y "de vergüenza", ya que en numerosos casos se reducen a un internamiento en régimen cerrado que, a su juicio, no se corresponde con la gravedad de los delitos.
"Estamos aquí reunidos con estas 130.000 firmas para exigir que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y sobre todo poder conseguir que las condenas sean más altas y en regímenes cerrados. No podemos tolerar, teniendo en cuenta que la ley del adulto empieza en 10 años y la ley del menor puede terminar entre 8 y 5 años de máxima. Y en muchas ocasiones tienen regímenes semiabiertos, que significa que pueden salir del centro. Y eso es intolerable porque al final han asesinado a una persona", ha señalado Silvia Guerrero, madre de Juan, el joven asesinado por un menor de edad en Tárrega (Barcelona) y que este viernes cumpliría 19 años.
La comparecencia se ha producido ante los medios de comunicación a las puertas de la Cámara baja, donde Guerrero ha entregado las firmas junto a otras cuatro familias que también han perdido a sus hijos a manos de menores: la de Daniel, el joven asesinado el 2 de julio en Isla Mayor (Sevilla); la de Jesús, de 18 años, que fue asesinado cuando volvía a casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween; la de Alejandro, muerto con 16 años en el recinto ferial de El Arenal, en Córdoba, y la de Leticia Rosino, asesinada en Castrogonzalo (Zamora).
"La cuestión está en que en delitos graves condenas a la altura de tales delitos porque mi hijo no volverá a salir nunca más del cementerio y no puedo entender que esa persona tenga derecho a salir y que parezca que tienen más derecho los asesinos que las víctimas y que realmente nos hagan sentir que son niños de teta a los que hay que educar ahora", ha denunciado Silvia Gerrero.
La madre de Juan ha calificado de "ridículo" que la pena máxima de internamiento por quitar la vida a alguien sea de 8 años. "Cuando te lo dicen te sientes que es un chiste de mal gusto, una broma. Nunca estará equiparado porque, al final, mi hijo está muerto y la otra persona saldrá dentro de 10, dentro de 20, pero ocho años por la muerte de una persona es muy ridículo", ha lamentado.
Según ha explicado, las familias han consultado "con policías, con abogados, y todos están a favor de que se tiene que hacer un cambio", al considerar que la normativa aprobada en el año 2000 "está obsoleta y que merece ser revisada" porque "la sociedad ha evolucionado, las noches y las calles son muy peligrosas".
Tras la entrega de las firmas, Guerrero ha señalado que han recibido contactos tanto del PSOE como del PP y ha lanzado una cuestión directa a los responsables políticos: "¿Qué harían si fuera su hijo?".