El Tribunal de Cuentas ha descubierto que el 38% de los trabajadores que se acogieron a un ERTE durante la pandemia no han vuelto a su lugar de trabajo hasta el 31 de marzo de 2022, cuando terminaron las ayudas especiales del Gobierno para mitigar los efectos laborales de la crisis de salud.
Esta es una de las conclusiones del reporte de fiscalización sobre las ayudas por desempleo otorgadas a los afectados por los ERTE entre 2020 y 2022, realizado por el ente fiscalizador.
En los primeros meses de 2020, el Gobierno implementó medidas extraordinarias para enfrentar las repercusiones económicas y laborales del Covid-19. Los ERTE por causa de fuerza mayor facilitaron a numerosas empresas la suspensión temporal de contratos sin realizar despidos, mientras el Estado cubría los costes de las prestaciones por desempleo y eximía de las cotizaciones sociales.
Según el Tribunal de Cuentas, tras el fin de estas ayudas, permanecían sin actividad 411.310 empresas que inicialmente se acogieron a los ERTE, y solo el 62,21% de los trabajadores habían vuelto a su mismo centro de trabajo. Este alto número de empresas todavía inactivas, que no se han disuelto, sugiere que el sistema de protección ofrecido por el Gobierno «no fue suficiente».
El reporte también indica que para el 31 de diciembre de 2022, no se había restituido el total de personal que existía antes de la pandemia, con un déficit del 6,48% respecto al 1 de marzo de 2020.
DEFICIENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Aunque las medidas fueron efectivas para contener el impacto económico inicial de la pandemia, el Tribunal señala falencias en la gestión y destaca que la Dirección General del Trabajo carecía de una aplicación específica para manejar los ERTE, complicando la trazabilidad de estos procedimientos en un momento de aumento excepcional de solicitudes.
El informe también revela que el SEPE no siempre tuvo información sobre la concurrencia de fuerza mayor necesaria para otorgar las prestaciones por desempleo, y que su capacidad operativa estaba limitada por un «déficit estructural y permanente de su plantilla», con una reducción del 15% de su personal fijo entre 2018 y 2022. Al mismo tiempo, el SEPE tuvo que usar sus propios fondos para financiar las prestaciones por desempleo, ascendiendo a 13.535 millones de euros, sin recibir directamente los fondos europeos esperados.
Finalmente, la auditoría identificó 10.896 beneficiarios de ayudas por un total de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue reportada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. En cuanto a las exoneraciones de cuotas, las acciones de control de la Seguridad Social encontraron posibles incumplimientos que podrían involucrar a 278.757 empresas y 1,7 millones de personas, casos que fueron referidos a la Inspección de Trabajo para su análisis.