Este martes, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde de manera definitiva a la Ley que establece la Agencia Estatal de Salud Pública, desestimando las modificaciones del PP que el Senado había aceptado, las cuales buscaban eliminar el pacto entre ERC y PSOE que permite una mayor flexibilidad en la dispensación de antibióticos por parte de los veterinarios.
El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado las enmiendas del PP a la Disposición adicional cuarta y a la Disposición final tercera aprobadas en el Senado, con 177 votos en contra (PSOE y sus socios), 171 a favor (PP, Vox y UPN) y una abstención.
El convenio sobre medicamentos veterinarios entre ERC y el PSOE se remonta a una sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación a finales de mayo, durante la cual se aprobó una enmienda transaccional sobre una Proposición No de Ley (PNL) de ERC que instaba al Gobierno a fomentar un diálogo con el sector veterinario respecto a la disponibilidad de antibióticos en farmacias y otros puntos de dispensa autorizados.
Posteriormente, ERC propuso una nueva enmienda en la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, reiterando la necesidad de dialogar con los expertos veterinarios y establecer los mecanismos adecuados para que los medicamentos, especialmente los antibióticos, estén disponibles en las farmacias y otros centros autorizados.
Después de que el Senado aceptara la semana pasada las enmiendas del PP que eliminaban este compromiso del Proyecto de Ley, representantes del PP comunicaron a Europa Press que su postura no había variado respecto a la defensa de los intereses de los veterinarios, aunque un informe de los letrados del Senado ha calificado estas enmiendas como ‘enmiendas intrusas’ y ha mencionado que su inclusión en leyes es ‘inconstitucional’.
‘La postura es la misma, pero se considera que el marco adecuado para hacerlo no es a través de una ley que nada tiene que ver con los veterinarios’, explicaron desde el PP.
LA LEY NO TIENE ‘NADA QUE VER’ CON LOS VETERINARIOS
Las enmiendas del PP sobre los veterinarios propusieron la eliminación de la disposición final tercera y la disposición adicional cuarta. La disposición final tercera modificaba el Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para permitir que los profesionales del sector entreguen al responsable del animal los medicamentos necesarios para continuar un tratamiento en caso de que éste pudiera verse comprometido.
La disposición adicional cuarta, por su parte, solicitaba al Gobierno intensificar las campañas de información y formación sobre la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos y los procedimientos administrativos establecidos.
También establecía que, tras seis meses de la aprobación de esta ley y tras el diálogo entre los Ministerios de Agricultura y Sanidad con los veterinarios, el Gobierno debería promover una modificación en la normativa existente para facilitar la disponibilidad de medicamentos, particularmente antibióticos, en farmacias y otros centros autorizados, considerando las presentaciones adecuadas tanto para los veterinarios prescriptores como para los propietarios de los animales.
Además, indicaba que el Ministerio de Agricultura debería desarrollar las fórmulas necesarias para simplificar los procedimientos del Real Decreto de medicamentos veterinarios, facilitando así la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos y, en particular, lo concerniente a los porcentajes de envase utilizados y los plazos de envío.