No ha habido sorpresa. El Real Decreto-ley 2/2026 (el nuevo decreto-ley ómnibus que el Gobierno ha llevado al Congreso, esta vez sin la subida de las pensiones) no ha sido aprobado. Con él decae el llamado escudo social, pero no solamente: también lo hace la prórroga y cobertura normativa de la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de coches eléctricos nuevos y por la instalación de puntos de recarga.
AORU (la Asociación Española de Operadores de Recarga Ultrarrápida), es decir, la patronal de las electrolineras, ha publicado una carta abierta (firmada por su presidenta, Laura Gonçalves) en la que expresa “su profunda preocupación por la falta de seguridad jurídica generada tras la no convalidación de este Real Decreto-ley, que, además de incorporar
La deducción que en dicha normativa se incorporaba, agregan, “introducida originalmente por el Real Decreto-ley 5/2023, permitía a los contribuyentes deducir hasta un 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo, con una base máxima de 20.000 euros, así como el 15% de las cantidades destinadas a la instalación de sistemas de recarga en inmuebles de su propiedad, con una base máxima anual de 4.000 euros”.
Seguridad jurídica
En su opinión, “se trataba de un instrumento fiscal claro, automático y de aplicación directa en el IRPF, que aportaba previsibilidad a las decisiones de inversión de miles de hogares españoles. La no convalidación del Real Decreto-ley deja en una situación de incertidumbre a los conductores que habían planificado la compra de un vehículo eléctrico bajo un marco normativo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y que ahora desconocen si podrán beneficiarse de la deducción comprometida”.
“Esta situación afecta especialmente a quienes ya abonaron cantidades a cuenta confiando en la estabilidad de la norma. Hoy más que nunca, los conductores que se plantean sustituir su vehículo de combustión por la única tecnología que garantiza una reducción total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el uso, el vehículo eléctrico, necesitan seguridad jurídica”.
Para AORU, “la transición energética no puede quedar supeditada a la volatilidad parlamentaria ni a cambios sobrevenidos en el equilibrio político. La electrificación del transporte por carretera requiere señales regulatorias coherentes, estables y alineadas con los compromisos en materia de soberanía energética de España y de la Unión Europea. Una economía excesivamente dependiente de este tipo de dinámicas adolece en competitividad”.
En palabras de Gonçalves, “es imprescindible que el Gobierno, en colaboración con los grupos parlamentarios, articule, con carácter urgente, una solución normativa que restablezca la deducción en términos equivalentes y garantice la protección de las situaciones generadas al amparo de la normativa anterior”.
Resulta igualmente necesario, añade, “dotar al ecosistema de la movilidad eléctrica de un marco fiscal y regulatorio con horizonte temporal suficiente, que permita planificar inversiones y decisiones de consumo con seguridad. La industria necesita políticas públicas que trasciendan el corto plazo y los ciclos políticos. La descarbonización del transporte es una política de Estado, así como las infraestructuras de recarga son una figura estratégica para dicho menester”.