El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparecerá este jueves ante la comisión correspondiente del Congreso para detallar la aplicación del acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, así como la posición de España ante la evolución del conflicto bélico en Oriente Próximo.
El acuerdo que regulará la relación del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit vio la luz el pasado 26 de febrero, culminando más de cuatro años de conversaciones, después de que el 11 de junio se alcanzara un entendimiento político entre las partes.
Este marco establece la creación de una zona de prosperidad compartida entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar. Aunque Albares pidió acudir al Congreso a finales de febrero para exponer sus claves, la sesión tendrá lugar finalmente en plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo.
El artículo 2 del texto deja claro que su contenido no “afectará a las respectivas posiciones legales” de Reino Unido y España “respecto a la soberanía y la jurisdicción y no constituirá la base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía”. Este extremo ha sido duramente cuestionado por Vox, que forzó la comparecencia del ministro y le reprocha no haber utilizado la negociación para reivindicar la soberanía española sobre el Peñón.
Derribo de la Verja y controles fronterizos
Uno de los elementos centrales del pacto es el derribo de la Verja, ya que se prevé la eliminación de todas las barreras físicas que dificulten la libre circulación de personas y el traslado de los controles al puerto y al aeropuerto de Gibraltar.
En estos puntos se establecerá un doble control. Primero intervendrán las autoridades gibraltareñas y, a continuación, la Policía Nacional española, que asumirá la verificación de acceso al espacio Schengen. Aunque se aplicará la normativa del espacio sin fronteras, Gibraltar no pasará a formar parte de Schengen. En sentido de salida, el doble control se realizará en el orden inverso.
El pasado 1 de abril, los Veintisiete respaldaron por unanimidad, en una reunión de embajadores, la firma y la aplicación provisional del acuerdo, facilitando que pueda entrar en vigor el 15 de julio, con un retraso de tres meses respecto al calendario inicialmente previsto por Bruselas y Londres.
El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la Unión y Londres definido por el Tratado de Comercio y Cooperación, que normalizó los vínculos tras el Brexit y que está en vigor desde 2021, aunque no incluye al Peñón en su ámbito de aplicación.
Con la decisión adoptada la semana pasada, los Estados miembros buscan acelerar la tramitación de un Tratado cuyo acuerdo político se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal podría generar problemas en la Verja ante la inminente entrada en vigor, el 10 de abril, del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE, que obligará a reforzar los controles en los pasos con países terceros.
El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) comenzó a implantarse de forma gradual en los Estados miembros el pasado otoño, pero su plena operatividad está prevista para este viernes, cuando deberá funcionar en todos los puntos de entrada a la UE el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.
Fuentes del Ministerio del Interior citadas por Europa Press señalan que las instalaciones y el equipamiento técnico necesarios para el control en el paso entre Gibraltar y territorio comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no precisan aún el calendario concreto de aplicación.
Consulta de España con la Comisión Europea
Más allá de la preparación técnica, la ausencia de aplicación del Tratado que regula la relación de Gibraltar con la UE en el momento en que entre en vigor el sistema EES implica, en la práctica, que el Peñón siga considerándose a efectos de control fronterizo como un país tercero. Esto supondría que los viajeros que crucen desde o hacia Gibraltar desde territorio español deban registrarse en el nuevo sistema europeo.
Para evitar este escenario, el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea una propuesta para flexibilizar la implantación del EES en ese punto fronterizo, aunque no se han hecho públicos los detalles ni se conoce si Bruselas —que en general se opone a modificar el calendario del nuevo sistema— ve viable la petición española.
Uso compartido del aeropuerto y unión aduanera
Otro de los asuntos de mayor interés para el Campo de Gibraltar, y en el que el Ejecutivo español puso especial énfasis durante la negociación, es el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar, levantado en el istmo cuya soberanía de Reino Unido no reconoce España. Para ello se creará una empresa conjunta entre España y Reino Unido, que no podrá tener su sede en ninguno de los dos países, sino en otro Estado miembro de la UE.
En lo relativo al tráfico aéreo, se permitirá que los vuelos tengan origen y destino tanto en Reino Unido como en cualquier país de la Unión Europea, aunque solo podrán operar estas rutas las aerolíneas autorizadas por Bruselas y aquellas que cuenten con el visto bueno de Londres.
El acuerdo establece además una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, que garantiza la libre circulación de mercancías. Para corregir las actuales distorsiones fiscales entre los tipos impositivos del Campo de Gibraltar y del Peñón, se prevé la implantación de un impuesto indirecto por parte de las autoridades gibraltareñas, similar al IVA, que se situará inicialmente en el 15% cuando el acuerdo entre en vigor y aumentará progresivamente durante los tres años siguientes hasta alcanzar el 17%.
La base de la Fuerza Aérea británica ubicada en el aeropuerto de Gibraltar queda excluida del pacto, y los militares británicos o de terceros países que se desplacen al Peñón estarán exentos de los controles de pasaporte y visado propios del espacio Schengen, aunque ello no implicará que adquieran derechos de residencia permanente ni domicilio en la zona.