El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha denunciado la “trampa” que, a su entender, buscan consumar las compañías eléctricas al reclamar que la central nuclear de Almaraz (Extremadura) siga operativa hasta 2030, pese a que el calendario oficial de clausura fija su cierre entre 2027 y 2028.
Según ha expuesto, las empresas pretenden que el Gobierno “pase por taquilla” porque lo que realmente “pretenden” es pactar un precio fijo para el kilovatio nuclear que “les sea rentable” y, además, que “se elimine la tasa destinada a los residuos nucleares”.
“Esta es la enorme trampa y el enorme chantaje que nos quieren hacer, que una vez más nos recuerda que en la energía nuclear, el beneficio va al oligopolio eléctrico, pero el perjuicio lo tiene que gestionar la sociedad”, ha lamentado.
Estas declaraciones las ha realizado en la conferencia ‘Nucleares nunca más’, celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados a iniciativa de Alianza Verde y Podemos. En el acto, en el que ha participado también la diputada de Podemos Martina Velarde, han intentado desmontar lo que califican de “bulos” sobre la energía nuclear, como su supuesto papel decisivo durante el “apagón”.
López de Uralde ha añadido que el Gobierno “se está metiendo en un charco del que no va a poder salir” con la renovación de Almaraz. Considera que el Ejecutivo no debería haber solicitado el informe al CSN y que tendría que haberse limitado a respetar el plan de cierre ya acordado. “Evidentemente puede ocurrir que el CSN diga que la continuidad de Almaraz es posible y que el Gobierno diga que no. Pero ¿para qué preguntas?, ¿para qué preguntas?”, se ha preguntado.
Podemos advierte del “revival” pronuclear y de los “mismos mantras”
Por su lado, la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha criticado que en España se esté viviendo “cierto revival sobre la energía nuclear, donde se vuelven a escuchar los mismos mantras”. Entre otros aspectos, ha subrayado que a las eléctricas “no les interesa” mantener en marcha sus reactores “salvo que se acordase un precio de 60 euros por megavatio” de energía nuclear. “Pagar eso por la energía nuclear es, bajo nuestro punto de vista, hipotecarse precisamente cuando las renovables son más baratas y más económicas”, ha advertido.
Velarde también ha rechazado que la energía nuclear sea “clave” para combatir el cambio climático. Ha hecho referencia al consumo de “grandes cantidades de combustibles fósiles” y de agua en estas instalaciones, así como al elevado uso de electricidad. A ello ha sumado el “acuciante” problema de la gestión de los residuos radiactivos y ha negado que la energía nuclear resulte segura para la ciudadanía.
“Las décadas de funcionamiento de centrales nucleares han permitido establecer solventes y muy documentados informes y estudios, (...) que demuestran esa relación entre la exposición a los elementos radiactivos de diferente intensidad (...) y el incremento en el número de cáncer y de enfermedades en los trabajadores y también en las poblaciones que están circundantes”, ha explicado.
La diputada también ha cuestionado el argumento del empleo asociado a la energía nuclear. Ha recordado que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las energías renovables son las que generan más puestos de trabajo por kilovatio producido. “Además, éste se ha incrementado en un 70% desde el año 2018, en el que derogamos ese impuesto al sol del gobierno de Mariano Rajoy”, ha señalado.
El CSN recuerda que el Gobierno puede cerrar centrales nucleares
En el encuentro ha intervenido igualmente Francisco Castejón, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante su exposición, ha remarcado que el Ejecutivo tiene capacidad para ordenar el cierre de una central nuclear incluso cuando el dictamen del CSN sea favorable. “El Gobierno es quien tiene la potestad de realizar la política energética”, ha puntualizado.
Castejón ha recordado que este asunto “ya se debatió” con el cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), clausurada definitivamente en 2013. “El PSOE decidió que en lugar de ampliar el permiso diez años más, lo ampliaba sólo hasta 2013 (...) Hubo un recurso de Iberdrola, de los propietarios de la central, y hay una sentencia judicial firme que dice que el gobierno tiene potestad para cerrar esa central nuclear sin que haya que pagar indemnizaciones o lucro cesante”, ha indicado.
En su opinión, el Gobierno puede decidir que, una vez expire la orden ministerial que autoriza la explotación de una central nuclear, “pues ya está, se acabó”. Del mismo modo, puede optar por el cierre “por las condiciones que sea” y “aunque el informe del CSN sea positivo”. También tiene la opción de modificar la orden ministerial para prolongar la actividad de una planta hasta una fecha concreta “siempre que el Consejo me haga un informe positivo, aunque sea con condiciones”.
Ha insistido en que el papel del CSN “está fuera de esas decisiones”. Además, ha precisado que, cuando no existe potencia exterior —como ocurrió durante el “apagón” de 2025—, una central nuclear entra en situación de prealerta y se activan todos los sistemas de emergencia para mantener refrigerado el reactor.
“En teoría, la central puede estar en esa situación 48 horas sin problemas y hasta siete días podría estar, pero no es algo que a nadie le guste. Entonces son las primeras en engancharse a la red. Por tanto, no solo no contribuyen al rearranque, sino que son las primeras en demandar”, ha explicado.
En este contexto, ha rechazado los “bulos” sobre la supuesta “importancia” de la energía nuclear durante el “apagón” de abril de 2025.