La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha advertido en el Senado de los fallos que presenta el actual sistema de pulseras telemáticas para maltratadores, al señalar que dejan de funcionar cuando se mojan y que su retirada resulta sencilla para el propio agresor.
“En primer lugar, la pulsera que en este momento está impuesta no es resistente al agua y eso es algo importantísimo, porque lo vemos que los propios agresores cuando vienen a declarar, vemos que la pulsera en cuanto se moja deja de funcionar. Y, en segundo lugar, es fácil de desinstalar por parte del propio agresor”, ha asegurado Carmona.
Estas críticas las ha formulado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde ha comparecido para exponer su experiencia con el sistema Cometa, responsable del control de los dispositivos telemáticos.
Durante su intervención, ha aludido a diversos fallos técnicos, como incidencias de cobertura y de geolocalización, además de problemas de diseño. En particular, ha remarcado dos deficiencias “graves”: la falta de resistencia al agua —que provoca que el dispositivo deje de operar— y la posibilidad de que sea “fácil de desinstalar” por el maltratador.
“Y eso es algo también que estamos viendo en los juzgados y nosotros pedimos que en el próximo contrato, por Dios, estos dos defectos que se han detectado sean reparados lo más pronto posible”, ha señalado.
Dudas sobre las nuevas pulseras
El Consejo de Ministros dio luz verde en enero de este año al acuerdo para autorizar la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual.
Según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo e incorporarán una batería de mayor duración, mejoras en la resistencia al agua, sensores de movimiento y de temperatura corporal, una tarjeta electrónica eSIM no extraíble y pantallas de cristal reforzado.
En su turno de réplica, la exvocal del CGPJ ha lamentado también la pérdida de funcionalidades que, a su juicio, resultaban clave para los órganos judiciales. Ha recordado que antes se grababan las conversaciones que se producían cuando el sistema Cometa detectaba un acercamiento del agresor a la víctima y los operadores se ponían en contacto con él. Estas grabaciones, ha detallado, permitían determinar si el acercamiento era fortuito o deliberado y así acreditar la intención del agresor. Sin embargo, ha precisado que en la actualidad estas grabaciones ya no se ponen a disposición.
En esta línea, Carmona ha manifestado que hay “falta de confianza” en estos dispositivos tanto por parte de los juzgados como de las propias víctimas.
De hecho, ha indicado que en los últimos años —especialmente en 2024 y 2025—, mientras se incrementan las medidas cautelares, las condenas y el uso del sistema telefónico de protección Atempro, el número de pulseras electrónicas instaladas ha disminuido. “No hay correlación”, ha subrayado, apuntando que la evolución es negativa si se compara con el crecimiento registrado en ejercicios anteriores.
“Nosotros, desde los órganos judiciales, pedimos encarecidamente que el sistema vuelva a funcionar como estaba funcionando, porque es una herramienta enormemente eficaz para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha apuntado.
Al mismo tiempo, ha recalcado que “los jueces no son reacios a poner la pulsera, en absoluto”. Ha explicado que, por lo general, se acuerda su colocación cuando el agresor ya ha quebrantado por primera vez la medida cautelar o la pena que se le había impuesto.
Limitaciones prácticas del dispositivo
En cualquier caso, ha recordado que el dispositivo electrónico “no solamente lo tiene que portar” el agresor, sino también mantenerlo en condiciones de uso. Ha detallado que en ocasiones no se puede imponer porque hay maltratadores que no residen en un domicilio donde puedan enchufar el aparato. “Hay veces que no se puede imponer porque hay agresores que no viven en un domicilio donde puedan enchufar el dispositivo. El dispositivo requiere un mantenimiento, por eso no se puede imponer en muchos casos”, ha aclarado.
Por otro lado, Carmona ha señalado que los juzgados de violencia sobre la mujer están asumiendo procedimientos que afectan a menores, cuando, ha dicho, deberían tramitarse ya en órganos especializados.
“Sí que es verdad que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho una recomendación de que esos casos no se lleven a los juzgados de violencia sobre la mujer, porque estamos sobrecargadísimos y se están ahora instruyendo los juzgados de instrucción, que no tienen especialización ninguna. Esto es importantísimo y es urgentísimo y, por favor, es una petición que les dejo”, ha indicado.
Falta de denuncias del entorno y coordinación judicial
Carmona ha llamado también la atención sobre las “poquísimas denuncias” de violencia de género presentadas por familiares o terceras personas, y ha reclamado una mayor concienciación del entorno de las víctimas.
Finalmente, ha aludido a un caso de violencia vicaria “horrible” ocurrido en Sueca (Valencia), donde, según ha relatado, un menor fue asesinado “como consecuencia de una falta de coordinación en tres juzgados”.
“Por desgracia, gracias a los palos que recibimos y a los fallos que estamos viendo, vamos avanzando. Pero, desde luego, en España un fallo de coordinación de ese calibre no podemos permitirlo en ningún momento, y espero que se palíe en lo sucesivo, ha señalado.