QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y su organización asociada, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), han advertido de que el proyecto de Ley de Economía Social —aprobado este martes en el Congreso y pendiente ahora de su paso por el Senado— excluye del reconocimiento como entidades de economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial. Estos centros suponen más del 68% del total y proporcionan trabajo a más de 82.000 personas, de las que más de 69.000 son personas con discapacidad.
Así, el CEDDD muestra su preocupación porque el texto —que ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox— “avance sin consenso político ni diálogo suficiente con el sector” y advierte de que la norma impulsa un “monopolio que podría perjudicar a otros CEE y limitar las oportunidades de empleo protegido para miles de personas con discapacidad”.
En una nota pública, el CEDDD subraya que la futura ley establece una separación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial, lo que, según denuncia, podría derivar en “una doble banda salarial según la titularidad del centro”, además de generar “desventaja competitiva de los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública” y provocar la “pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General, lo que pondría en riesgo la continuidad de cientos de centros”.
Por este motivo, el CEDDD reclama que, durante la tramitación en la Cámara Alta, se asegure un trato igualitario para todos los modelos de CEE, permitiendo una convivencia equilibrada entre la iniciativa social y la empresarial, junto con una “protección prioritaria” del empleo de las personas con discapacidad.
De acuerdo con cifras del SEPE, en 2022 había registrados 2.417 CEE, que daban trabajo a 106.429 personas con discapacidad, de las cuales 61.425 desarrollaban su actividad en centros sin calificación de iniciativa social. En este contexto, CONACEE alerta de que “la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo”.
La organización añade que la situación resulta especialmente grave para las personas con discapacidades de especial dificultad, donde apenas una de cada diez tiene un puesto de trabajo, en su mayoría en CEE. Al mismo tiempo, lamenta que la tramitación de la ley haya salido adelante “sin participación” de CONACEE, a la que definen como “la patronal más representativa de los CEE”.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), Albert Campabadal Blanco, ha remarcado que los CEE “no son solo una fórmula empresarial, sino una herramienta social de primer orden para hacer efectiva la inclusión sociolaboral de miles de personas con discapacidad en España”.
Campabadal explica que estos centros “convierten el empleo de las personas con discapacidad en un auténtico motor de autonomía personal, dignidad y participación social, especialmente para quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral ordinario” y advierte de que “dejar fuera a una parte esencial de los CEE del marco de la Economía Social supone debilitar un modelo que lleva más de cuatro décadas generando oportunidades reales, estables y adaptadas”.
Según insiste, las personas contratadas en los CEE afrontan “grandes dificultades para integrarse en el ámbito laboral, de proyectos de vida y de cohesión social”, por lo que reclama que “el Senado corrija esta exclusión para proteger un instrumento que es clave para la igualdad de oportunidades en España”.
CEPES respalda la ley pero pide mejoras en su tramitación
Desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) han manifestado su satisfacción por la aprobación del Proyecto de Ley en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, al entender que supone “un avance relevante para la actualización y modernización del marco normativo que regula a las entidades de la economía social”, un entramado que en España agrupa a más de 74.000 empresas y entidades, genera más de 2,5 millones de empleos directos e indirectos y representa alrededor del 10% del PIB.
No obstante, CEPES, que considera el texto actual “un buen punto de partida”, recuerda que aún existen “aspiraciones” de la Economía Social “no han sido incorporadas y que resultan de gran importancia” para el desarrollo de este tipo de empresas.
En esta línea, la entidad se refiere a la configuración jurídica de las entidades de la Economía Social, así como a aspectos vinculados a la Seguridad Social y al régimen fiscal de las cooperativas, además de otras modificaciones que afectan a esta figura societaria. A su juicio, la legislación debe ajustarse a las demandas del mercado y de la ciudadanía, adaptándose al marco jurídico vigente sin renunciar a “sus principios y valores”.
Por ello, CEPES espera que, en las siguientes fases de tramitación en el Senado y en el posterior regreso del texto al Congreso, se reconsidere la incorporación de estas propuestas, que “fortalecerían aún más el impacto social y económico de este tejido empresarial”.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha agradecido a los grupos parlamentarios que hayan recogido “prácticamente la totalidad” de las sugerencias formuladas por la organización, aunque, al igual que CEDDD y CONACEE, lamenta “que el proyecto ha sido aprobado por mayoría y no por unanimidad”.
Según CEPES, PP y Vox basan su voto contrario en la nueva definición de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEEIS), que poseen “una configuración jurídica y una finalidad distinta a los de iniciativa empresarial: son promovidos por entidades sin ánimo de lucro y deben reinvertir íntegramente sus beneficios en la mejora de la competitividad y en la creación de empleo de personas con discapacidad”, explica Pedreño, para quien esta “finalidad social encaja directamente con los principios y valores de las empresas y entidades de la Economía Social”.
El CERMI respalda la diferenciación entre modelos de CEE
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mostrado su beneplácito por que el Congreso haya dado luz verde a la norma, con competencia legislativa plena, al entender que “actualiza este ámbito económico en el que se inserta la iniciativa emprendedora de la discapacidad organizada”.
El CERMI subraya que el proyecto de ley considera Centros Especiales de Empleo de Economía Social “exclusivamente a aquellos de iniciativa social, quedando excluidos los de iniciativa privada con ánimo de lucro, que dejan así de tener esta consideración” y valora que, de esta forma, la economía social se alinea con la distinción entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada que se incorporó en 2017 mediante la Ley de Contratos del Sector Público.
En consecuencia, el CERMI confía en que el proceso en el Senado “mantenga los avances logrados en el Congreso en materia de discapacidad y que la reforma pueda promulgarse, publicarse y entrar en vigor pronto”.
