QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y su entidad asociada, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), han advertido de que el proyecto de Ley de Economía Social —aprobado este martes en el Congreso y pendiente ahora del trámite en el Senado— excluye del reconocimiento como entidades de la economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial. Estos centros suponen más del 68% del total y proporcionan trabajo a más de 82.000 personas, de las que más de 69.000 tienen discapacidad.
Según denuncia el CEDDD, el texto —que ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox— “avance sin consenso político ni diálogo suficiente con el sector” y advierte de que la norma impulsa un “monopolio que podría perjudicar a otros CEE y limitar las oportunidades de empleo protegido para miles de personas con discapacidad”.
En una nota pública, el CEDDD señala que la futura Ley establece una separación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial que podría derivar en “una doble banda salarial según la titularidad del centro”, además de provocar “desventaja competitiva de los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública” y “pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General, lo que pondría en riesgo la continuidad de cientos de centros”.
Por este motivo, la organización reclama que, durante el debate en el Senado, se asegure un trato igualitario para todas las modalidades de CEE, garantizando una convivencia equilibrada entre la iniciativa social y la empresarial, junto a una “protección prioritaria” del empleo de las personas con discapacidad.
De acuerdo con los datos del SEPE, en 2022 había registrados 2.417 CEE, que daban trabajo a 106.429 personas con discapacidad. De ellas, 61.425 estaban empleadas en centros sin calificación de iniciativa social. En este contexto, CONACEE alerta de que “la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo”.
La confederación subraya que la situación es especialmente grave para las personas con discapacidades de mayor complejidad, ya que solo una de cada diez tiene empleo, en su mayoría en CEE. Asimismo, reprocha que la ley haya salido adelante “sin participación” de CONACEE, a la que consideran “la patronal más representativa de los CEE”.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), Albert Campabadal Blanco, ha remarcado que los CEE “no son solo una fórmula empresarial, sino una herramienta social de primer orden para hacer efectiva la inclusión sociolaboral de miles de personas con discapacidad en España”.
Campabadal explica que estos centros “convierten el empleo de las personas con discapacidad en un auténtico motor de autonomía personal, dignidad y participación social, especialmente para quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral ordinario” y advierte de que “dejar fuera a una parte esencial de los CEE del marco de la Economía Social supone debilitar un modelo que lleva más de cuatro décadas generando oportunidades reales, estables y adaptadas”.
Insiste en que las personas empleadas en estos centros afrontan “grandes dificultades para integrarse en el ámbito laboral, de proyectos de vida y de cohesión social”, por lo que reclama que “el Senado corrija esta exclusión para proteger un instrumento que es clave para la igualdad de oportunidades en España”.
Por su parte, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Proyecto de Ley en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, al entender que supone “un avance relevante para la actualización y modernización del marco normativo que regula a las entidades de la economía social”, un ámbito que en España agrupa a más de 74.000 empresas y entidades, genera más de 2,5 millones de empleos directos e indirectos y concentra una facturación equivalente al 10% del PIB.
Aunque CEPES valora que el texto representa “un buen punto de partida”, recuerda que persisten “aspiraciones” de la Economía Social “no han sido incorporadas y que resultan de gran importancia” para el desarrollo de este modelo empresarial.
En esta línea, la patronal de la economía social menciona la configuración jurídica de las entidades de la Economía Social, así como aspectos relacionados con la Seguridad Social y el Régimen Fiscal de las Cooperativas, además de otras enmiendas que afectan a esta forma societaria. Considera que la normativa debe ajustarse a las demandas actuales del mercado y de la ciudadanía, pero sin perder “sus principios y valores”.
CEPES espera que, en las próximas fases de la tramitación en el Senado y en su vuelta al Congreso, se reabra el debate sobre estas propuestas, que a su juicio “fortalecerían aún más el impacto social y económico de este tejido empresarial”.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha agradecido a los grupos parlamentarios que hayan incorporado “prácticamente la totalidad” de las aportaciones de la organización, aunque, en sintonía con las críticas del CEDDD y de CONACEE, lamenta “que el proyecto ha sido aprobado por mayoría y no por unanimidad”.
Según CEPES, PP y Vox basan su voto en contra en la nueva definición de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEEIS), que poseen “una configuración jurídica y una finalidad distinta a los de iniciativa empresarial: son promovidos por entidades sin ánimo de lucro y deben reinvertir íntegramente sus beneficios en la mejora de la competitividad y en la creación de empleo de personas con discapacidad”, en palabras de Pedreño, para quien esta “finalidad social encaja directamente con los principios y valores de las empresas y entidades de la Economía Social”.
Beneplácito del CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por el contrario, ha aplaudido que el Congreso haya dado luz verde a la norma, con competencia legislativa plena, al entender que “actualiza este ámbito económico en el que se inserta la iniciativa emprendedora de la discapacidad organizada”.
El CERMI subraya que el proyecto de ley califica como Centros Especiales de Empleo de Economía Social “exclusivamente a aquellos de iniciativa social, quedando excluidos los de iniciativa privada con ánimo de lucro, que dejan así de tener esta consideración” y valora que, de esta forma, la economía social se alinea con la distinción entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada introducida en 2017 por la Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, el CERMI manifiesta su confianza en que el trámite en el Senado “mantenga los avances logrados en el Congreso en materia de discapacidad y que la reforma pueda promulgarse, publicarse y entrar en vigor pronto”.
