QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha ratificado este jueves el decreto ley que actualiza las retribuciones de los empleados públicos, con el rechazo exclusivo de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de formaciones con representación en la Cámara Baja.
Durante la sesión, PP y Vox afearon al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que el aumento salarial a los funcionarios se haya articulado mediante un decreto ley y sin un proceso previo de negociación.
La norma permite aplicar ya en las nóminas de enero la parte del incremento prevista para 2025 y 2026, un 4% en total, que podría elevarse en un 0,5% adicional si al cierre del próximo ejercicio la variación del IPC es igual o superior al 1,5%.
Este decreto ley se limita a fijar los elementos imprescindibles para hacer efectivo, con fecha 1 de enero de 2025, el aumento retributivo del personal al servicio del sector público, incorporando las disposiciones necesarias para que dicho incremento se materialice a lo largo de este año, así como para aplicar, desde el 1 de enero de 2026, la subida correspondiente a ese ejercicio.
Subidas salariales previstas para 2025 y 2026
Para 2025 se contempla en todo el sector público un incremento consolidable del 2,5% sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2024, ya actualizadas este año con un 0,5% adicional. En 2026 se fija una subida consolidable del 1,5% respecto a los importes a 31 de diciembre de 2025, revisados en este real decreto-ley, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Además, se prevé otro aumento consolidable del 0,5% si se cumplen las condiciones ligadas a la evolución de la inflación.
Las reglas sobre incremento retributivo incluidas en el Real Decreto-ley se extienden a todas las Administraciones públicas: Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. En el ámbito estatal, la subida correspondiente a 2025 se hará efectiva en diciembre, abonándose como atrasos las cantidades devengadas desde enero de este año.
En cuanto al calendario de pago, cada Administración fijará, en el marco de la negociación sindical de su ámbito, cómo y cuándo se abonarán las cuantías y atrasos relativos al ejercicio 2025. Ese desembolso podrá repartirse entre 2026, 2027 y 2028 o concentrarse en el mes de diciembre de 2025.
Aunque el decreto se centra en las subidas de 2025 y 2026, el Ejecutivo selló un acuerdo con UGT y CSIF para elevar hasta un 11% las retribuciones de los funcionarios hasta 2028, de forma que en 2027 el aumento será del 4,5% y en el último año del periodo se añadirá otro 2%. CCOO se adhirió posteriormente a este pacto.
Más de tres millones de empleados públicos beneficiados
En el debate parlamentario, el ministro López ha subrayado que la norma permite mejorar el sueldo de más de tres millones de trabajadores públicos de todos los niveles administrativos.
“Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad”, ha subrayado López.
Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG anunciaron su apoyo a la convalidación del decreto, mientras que PP y Vox mantuvieron un discurso más duro frente al Gobierno.
Críticas de Vox y reservas del PP
El diputado de Vox Pablo Sáez censuró que para aprobar la subida salarial se recurra de nuevo a la figura del decreto ley, algo que, a su juicio, evidencia la “ausencia de una política presupuestaria” y un Ejecutivo que deja “para final de año” la actualización de las nóminas públicas.
Por parte del PP, Ángel Ibáñez reprochó al Gobierno que haya impulsado la medida sin “ningún tipo de diálogo” y advirtió de que limita el margen de maniobra de las comunidades autónomas encargadas de aplicar la subida, ya que muchas tienen sus cuentas cerradas sin haber contemplado esta revalorización de su personal.
No obstante, Ibáñez reiteró el compromiso del PP “con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos” y con la estabilidad de sus puestos de trabajo.
