El PNV ha reclamado este lunes al Gobierno central que los arrendadores que solo disponen de una vivienda alquilada queden fuera del alcance de las medidas antidesahucio incluidas en el decreto ley que el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana, dentro de la prórroga del denominado escudo social hasta 2026.
El Ejecutivo ha cerrado este lunes un pacto con EH Bildu para extender ese escudo social, que mantiene la prohibición de ejecutar desahucios y de interrumpir suministros básicos, como el agua o la luz, a personas en situación de vulnerabilidad.
En este escenario, el PNV plantea que el escudo social se amplíe también a los propietarios con una única vivienda en alquiler, de forma que sea el Estado quien asuma la responsabilidad y garantice una alternativa habitacional a quienes se encuentran en una situación vulnerable.
Escudo social también para los propietarios
“Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas”, ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. La formación subraya que esta iniciativa pretende igualmente reactivar el mercado del alquiler, actualmente “muy mermado”, con el consiguiente aumento de los precios.
Según Vaquero, las políticas de vivienda aprobadas hasta ahora “sólo sirven para retraer la oferta del alquiler”, ya que muchos propietarios que ponen sus pisos en el mercado acaban asumiendo problemas de vulnerabilidad que no les corresponden.
Ante ese escenario, el PNV argumenta que estos arrendadores optan por no sacar sus inmuebles al mercado o por no alquilarlos a familias sin avales suficientes o sin garantías de solvencia económica a largo plazo, “ha explicado”. “Así las familias vulnerables se quedan fuera del mercado y es justo lo que intentamos evitar”, ha remachado.
Críticas a la mezcla de medidas en un único decreto
Además, Vaquero ha censurado que el Gobierno incluya en un solo decreto tanto ayudas sociales de carácter coyuntural como disposiciones estructurales que, a su juicio, podrían lograr un respaldo amplio en el Congreso, entre ellas la subida de las pensiones, las prestaciones familiares, las mejoras en las cotizaciones a la Seguridad Social o la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), junto con otras medidas fiscales que no se aplican en Euskadi.
En esta línea, la portavoz ha recalcado que su partido “siempre está del lado de quienes lo necesitan”, pero sostiene que la extensión del escudo social debe articularse “sin populismos y de acuerdo con las circunstancias”.