La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha acusado este lunes al PSOE de estar “bloqueando” la tramitación en la Cámara Baja de dos proposiciones de ley destinadas a que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad. “No tienen vergüenza”, ha denunciado.
En la apertura de unas jornadas del Grupo Popular dedicadas a la situación de los trabajadores de prisiones, celebradas en el Congreso, Vázquez ha afeado a los socialistas que hayan solicitado ya 41 prórrogas con el fin de retrasar la tramitación de estas iniciativas. “No tienen vergüenza. La medida no cuesta dinero, solo cuesta voluntad política”, ha subrayado.
La diputada ‘popular’ ha rememorado que este colectivo fue objetivo de la banda terrorista ETA y ha advertido de que las agresiones al personal penitenciario van en aumento. Como muestra, ha mencionado el asesinato de la cocinera Nuria López en la prisión de Tarragona, donde fue atacada en la cocina por un interno en marzo de 2024.
“El Congreso os tiene que escuchar y vuestras reivindicaciones merecen ser atendidas. Ojalá la próxima semana el PSOE desbloquee esta ley”, ha concluido Vázquez, insistiendo en que los ataques en los centros penitenciarios están creciendo y recordando que en Cataluña, comunidad con las competencias transferidas, sus funcionarios ya tienen la consideración de agentes de la autoridad.
Críticas del PP al Gobierno por el “abandono” de los funcionarios de prisiones
En la clausura de las jornadas ha intervenido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha censurado que el Gobierno “abandona y deja sin recursos” a estos empleados públicos, un colectivo que ha descrito como “tremendamente olvidado”.
Tellado ha defendido que estos profesionales están “al pie del cañón” cada día y no deberían ver peligrar su integridad física por acudir a su puesto. Por ello, y aludiendo de nuevo al caso de Nuria López, ha reclamado que no se produzca “ni una muerte más” de un trabajador de prisiones en el ejercicio de sus funciones, instando a Instituciones Penitenciarias a adoptar medidas para que un crimen así “no vuelva a suceder nunca más”.
El dirigente ‘popular’ considera imprescindible que se reconozca esta labor como profesión de riesgo, que se dote a las cárceles de los medios materiales, técnicos y de seguridad necesarios y que se implanten protocolos específicos frente a las agresiones. Ha recordado igualmente que el PP ha registrado el primer Estatuto del funcionario de prisiones y ha promovido su reconocimiento como agentes de la autoridad, comprometiéndose a aprobar estas reformas cuando lleguen al Ejecutivo.
Denuncia sindical y protocolo frente a agresiones sexuales
Durante la jornada, representantes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han expuesto la “falta de medios” personales, materiales y legales en los centros penitenciarios, así como la “obsolescencia” de normas como el Reglamento de 1981, reclamando la modernización del sistema. Entre sus demandas figuran el reconocimiento de profesión de riesgo y una dotación adecuada que garantice la seguridad en las prisiones.
En su intervención, han alertado de que las plantillas “están envejecidas”, con una edad de jubilación que se prolonga hasta los 67 años, y han enumerado carencias en los sistemas de videovigilancia. También han señalado el problema de la entrada de drones en los recintos penitenciarios y la falta de personal en tareas clave como los registros de celdas, el control de visitas, la gestión de paquetería o la atención en el servicio médico.
El sindicato ha reclamado asimismo la incorporación de pistolas táser, la equiparación salarial con los funcionarios de Cataluña y País Vasco y la aprobación de un estatuto propio como “piedra angular” para ordenar el sector.
Además, ha puesto el acento en la violencia sexual que sufren trabajadoras penitenciarias, exigiendo la puesta en marcha inmediata de un protocolo específico frente a las agresiones sexuales en este entorno. Entre las medidas planteadas figuran la protección y asistencia inmediata a la víctima, la clasificación del agresor en primer grado, la comunicación automática a la autoridad judicial y la creación de un registro oficial y transparente de estos incidentes. El PP ha recogido el guante y se ha comprometido a impulsar una iniciativa parlamentaria en esta línea.