El PP ha presentado este jueves en el Congreso y en el Senado una proposición de Ley Orgánica para regular el uso de prendas y elementos que tapen el rostro en espacios públicos. El texto prevé sanciones de hasta 600 euros y recoge excepciones en supuestos de condiciones meteorológicas adversas decretadas por la autoridad competente.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, lleva la firma en el Congreso de la portavoz 'popular' Esther Muñoz y en el Senado de Alicia García. Su registro llega después de que el Pleno del Congreso tumbara este martes la toma en consideración de la proposición de Ley de Vox que buscaba prohibir el velo integral (burka y nicab) en lugares públicos.
La propuesta del PP pretende regular el uso de elementos “que oculten, total o parcialmente, el rostro en espacios públicos o de acceso público impidiendo o dificultando la identificación de la persona, con el fin de garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales de todos, especialmente de las mujeres”.
El articulado fija la prohibición de cualquier “vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas”. El incumplimiento se calificará como infracción leve, castigada con una multa de 100 euros, que podrá elevarse hasta 600 euros en caso de reiteración.
Asimismo, la incitación a vulnerar la norma acarreará directamente una multa de 600 euros. Como alternativa a la sanción económica, la autoridad competente tendrá la opción de ofrecer la participación voluntaria en programas públicos de sensibilización, formación o integración social.
La proposición introduce excepciones cuando la ocultación del rostro esté motivada por razones médicas o sanitarias; exigencias laborales o de protección individual; actividades culturales, festivas o deportivas autorizadas; condiciones meteorológicas adversas decretadas por la autoridad competente; y supuestos previstos de forma expresa por una ley.
El texto también indica que la norma se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las disposiciones específicas que puedan aprobar las comunidades autónomas y las corporaciones locales en el marco de sus competencias. En cualquier caso, subraya el PP, dichas regulaciones deberán ajustarse a lo establecido en esta ley.
En la exposición de motivos, el PP sostiene que el uso del velo integral constituye “un símbolo de sometimiento” y una forma de “invisibilización” de la mujer. Además, afirma que “no es una cuestión religiosa ni cultural”, sino “un símbolo de sumisión estructural y por tanto una cuestión que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres”.
El Pleno del Congreso rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, impulsada por Vox con el objetivo de prohibir el velo integral (burka y nicab) en el espacio público. La iniciativa recibió el respaldo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se abstuvo y el resto del hemiciclo (el PSOE y sus socios de investidura) votó en contra.
La propuesta de Vox se articula en un único artículo que establece que “queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka”.
En este punto, PP y Vox coinciden en la finalidad de impedir el uso del burka y el nicab en el espacio público, pero discrepan en la forma. Los 'populares' justifican su iniciativa en la defensa de la dignidad de la mujer, la igualdad y los principios constitucionales, mientras que la formación de Santiago Abascal enmarca la prohibición en un discurso de protección de la civilización occidental frente a la inmigración “masiva” y la ideología islamista.
Una redacción genérica frente a la mención expresa de Vox
Bajo el epígrafe “NO MENCIONA BURKA O NICAB”, se subraya que Vox veta de manera explícita el uso del nicab y el burka en el espacio público y en determinados espacios privados, mientras que el PP opta por una formulación más genérica, al prohibir cualquier prenda o elemento que cubra total o parcialmente el rostro en espacios públicos sin citar expresamente el burka o el nicab.
En lo relativo al régimen sancionador, la propuesta de Vox modifica el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta tres años —cuatro en supuestos agravados— a quien obligue al uso de estas prendas mediante coacción. Además, plantea reformar la Ley de Extranjería para permitir la expulsión del territorio nacional cuando el infractor sea una persona extranjera reincidente. La proposición del PP, en cambio, no crea nuevos delitos ni contempla expulsiones, sino que establece un sistema administrativo con multas de 100 euros, ampliables hasta 600 en caso de reiteración, y abre la puerta a sustituir la sanción por programas de sensibilización.
La alternativa de Junts: prohibición sin multas
Bajo el título “LA LEY DE JUNTS, SIN SANCIONES”, se recuerda que Junts anunció antes del inicio del Pleno del Congreso del martes que votaría en contra de la propuesta de Vox y, de forma paralela, registró su propio texto para prohibir el burka, sin régimen sancionador y con excepciones tasadas.
La iniciativa de Junts consta también de un único artículo, que dispone que quedará vetado el uso en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran “total o sustancialmente” el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma cita expresamente el nicab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara.
El texto añade que, en todo caso, cuando resulte preciso para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrirse el rostro de manera momentánea ante la autoridad o personal habilitado, “en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación”.
Asimismo, establece excepciones para situaciones de salud “debidamente acreditados”, exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas y supuestos en los que la autoridad requiera equipamiento de protección.
Más allá de la regulación sobre el velo integral, la proposición incorpora una disposición adicional para que el Gobierno central formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.
En concreto, el texto insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, asumir funciones de control fronterizo —incluida la aplicación de la normativa sobre devolución de personas extranjeras— y expedir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana.