El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comunicado que se iniciarán las gestiones para la disolución de cuatro fundaciones vinculadas al régimen franquista: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
Durante su intervención en la Comisión de Cultura del Congreso, donde evaluó sus dos años al frente del Ministerio, Urtasun expresó: «Un gobierno democrático, digno de tal nombre, no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre (…) Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia, y así lo hacemos y haremos, de la mano de la Ley».
Este proceso seguirá los mismos pasos que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que se encuentra en la etapa de alegaciones después de haberse abierto el procedimiento a finales de octubre pasado. Por otro lado, el diputado de Vox, Joaquín Robles López, criticó la medida diciendo: «Ustedes hacen una ley ad hoc para ahora ilegalizarla. Eso se llama sencillamente totalitarismo, que es lo que practican ustedes. Un totalitarismo que está a punto de terminar, por suerte, gracias al pueblo español que, como digo, les da la espalda claramente», y acusó al Ministerio de «excluir» a su partido del debate cultural.
El ministro defendió la Ley de Memoria Democrática como una medida de «dignidad» para las víctimas y reafirmó su compromiso con la extinción de las fundaciones franquistas y la devolución de obras incautadas. El proceso para instar a la ilegalización de estas nuevas fundaciones incluye la solicitud de un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la apertura de un procedimiento y la eventual decisión judicial.