La Ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, impulsada en su momento por la entonces vicepresidenta Nadia Calviño y atascada en el Parlamento desde hace un año, ha sido excluida del paquete de reformas normativas que el Gobierno había comprometido ante Bruselas para poder recibir los fondos europeos del Plan de Recuperación. Este cambio de rumbo complica que la norma llegue a ver la luz de forma definitiva.
Aunque el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha defendido que la salida de esta ley del listado de reformas asociadas a los fondos europeos no significa renunciar a ella, el actual escenario político hace muy difícil culminar su tramitación en las Cortes. PP y Vox mantienen su rechazo al texto en esta legislatura y Junts ha anunciado un bloqueo general a las iniciativas del Ejecutivo. Además, la Comisión Europea ya no condiciona el desembolso de fondos a la aprobación de esta norma.
No obstante, desde el Ministerio subrayan que para el Gobierno la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero “es prioritaria ya que responde a una demanda social, de los usuarios financieros que siguen reiterando la necesidad de que se apruebe”, por lo que el Ejecutivo tratará de someterla a votación en el Parlamento.
Origen de la ley y papel de Calviño
Dentro del paquete de reformas acordadas con la Comisión Europea para acceder a las transferencias no reembolsables, el Gobierno se comprometió a levantar un nuevo organismo supervisor en el ámbito financiero con el fin de homogeneizar los criterios en la gestión de reclamaciones entre clientes y entidades.
El primer borrador legislativo para poner en marcha esta agencia se elaboró en la legislatura anterior, cuando la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ocupaba la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Economía. La nueva autoridad debía concentrar los servicios de reclamaciones que hoy atienden el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El diseño contemplaba que, en reclamaciones de clientes por importes inferiores a 20.000 euros, la resolución de la futura autoridad fuese vinculante, mientras que en los casos que superasen esa cantidad los pronunciamientos no tendrían carácter obligatorio.
Del visto bueno del Congreso al frenazo en el Senado
Tras intensas negociaciones en la Cámara Baja, el Gobierno logró que el proyecto de ley fuese aprobado en el Pleno del Congreso, con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y Junts. Sin embargo, cuando la iniciativa llegó al Senado, el presidente Pedro Sánchez convocó elecciones generales y la disolución de las Cortes hizo decaer todas las normas en tramitación.
Al constituirse la decimoquinta legislatura, el Ejecutivo decidió retomar el proyecto con la intención de sacarlo adelante, pero el equilibrio de fuerzas en el Congreso había cambiado y resultaba más complicado reunir los apoyos necesarios.
El texto regresó al Congreso en abril de 2024 y el plazo para presentar enmiendas de totalidad se fue prorrogando hasta octubre. El PP registró una enmienda de totalidad argumentando que el Gobierno pretendía “colonizar” el organismo, del mismo modo que, a su juicio, había ocurrido con el Banco de España tras el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador.
Aunque la enmienda de totalidad fue rechazada y la ley continuó su andadura con el periodo de enmiendas al articulado, ese plazo se alargó hasta diciembre de 2024. Desde entonces, el texto permanece pendiente de que se convoque la ponencia encargada de empezar a analizarlo en detalle.
Mayoría adversa y giro respecto a Bruselas
El contexto parlamentario actual es muy poco favorable para que el proyecto logre una mayoría sólida, ya que PP y Vox se oponen al contenido de la ley y Junts mantiene su amenaza de bloqueo a todas las iniciativas del Gobierno. Entre las tres formaciones suman 177 escaños, una mayoría absoluta en el Pleno del Congreso.
Pese a este escenario, Carlos Cuerpo expresó en noviembre su confianza en que el Congreso completase la tramitación y aprobase la ley, tras mantener contactos con los distintos grupos parlamentarios sobre este asunto.
Un mes más tarde, el propio ministro comunicó que retiraba la creación de este organismo del listado de reformas comprometidas ante Bruselas para acceder a los fondos europeos. Cuerpo explicó que la Comisión Europea había pedido a España flexibilizar las reformas pendientes con el fin de asegurar el cobro de todos los recursos asignados antes de que el programa finalice en agosto de 2026.
En su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la UE para informar sobre la ejecución de los fondos, el ministro detalló que había decidido sacar esta reforma con rango de ley y otras dieciséis del Plan de Recuperación, con el objetivo de facilitar el mayor desembolso posible.
Además, señaló que la propia Comisión Europea encuadra estas reformas como “menores” al no responder “a retos o a recomendaciones” formulados desde Bruselas. “Nosotros seguimos en el ámbito de nuestra gestión legislativa doméstica, pero estas reformas salen de los hitos del Plan de Recuperación”, remarcó Cuerpo en su comparecencia.