La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centra sus pesquisas sobre el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un periodo en el que ya no ocupaba la Presidencia del holding público, y ha recalcado que, por ahora, las diligencias no reflejan irregularidades en la tramitación de contratos.
Al mismo tiempo, la titular de Hacienda ha rechazado las “insidias” del PP sobre la SEPI, ha reivindicado la labor de la entidad y ha subrayado que sus cuentas se someten a auditorías internas y externas.
Montero ha acudido al Senado para informar sobre las supuestas irregularidades relacionadas con la SEPI, después de las detenciones, el pasado mes de diciembre, del que fuera presidente de la sociedad, Vicente Fernández, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso. Estas actuaciones se enmarcan en una causa de la Audiencia Nacional (AN) sobre posibles anomalías en la contratación pública, que motivó registros de la Guardia Civil en las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación.
En su intervención, la vicepresidenta —de cuyo departamento depende políticamente la SEPI— ha remarcado que Vicente Fernández abandonó el organismo público “dos años” antes del periodo sobre el que la UCO ha puesto el foco, que se sitúa entre 2021 y 2023, según ha precisado.
“Los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido”, ha explicado, recordando que Fernández dejó la empresa pública en 2019.
Montero niega irregularidades y reclama acotar responsabilidades
Montero ha indicado que no existe “ninguna investigación” en la que conste, “al menos por ahora”, que haya habido “algún expediente” tramitado “de forma distinta a la legalidad”. “Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO”, ha señalado.
A juicio de la ministra, a la vista de las informaciones conocidas, no se aprecia “nada achacable” a “un mal funcionamiento que se pueda trasladar a la SEPI”. “Lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancien han sido o no han sido delictivos”, ha apuntado.
Aunque ha manifestado que le “repugna” que haya responsables públicos que puedan aprovechar su posición “para lucrarse económicamente”, insiste en que es necesario “perimetrar” quién debe dar explicaciones ante los tribunales porque, reitera, no existen indicios de prácticas irregulares en la SEPI.
Montero ha reiterado que tanto el Gobierno como el PSOE “estarán siempre entre los que actúan y toman decisiones” cuando se detectan presuntos casos de corrupción. “Exigimos responsabilidades políticas, iniciamos expedientes de expulsión del partido y colaboramos con la justicia, como hemos hecho desde el primer día”, ha añadido.
Sin responsabilidad política en la SEPI y críticas al PP
En esta línea, ha censurado al Partido Popular por forzar su presencia en la Cámara Alta “sabiendo como sabe que no hay ningún tipo de responsabilidad política en la SEPI”, al menos con los datos que se conocen en este momento.
“No sé si es que algunos tienen más información de un secreto de sumario”, ha deslizado mirando a los escaños del PP. “Desde luego yo no la tengo”, ha remarcado. Considera, por ello, que queda pendiente determinar si “personas concretas” incurrieron o no en comportamientos “delictivos”.
Por ello, ha reivindicado “el honor, la profesionalidad y el prestigio” de la SEPI, una sociedad que, ha dicho, desempeña un papel clave para el funcionamiento económico del país.
Acusaciones de campaña de desprestigio
Montero entiende que el PP ha promovido esta comparecencia con el objetivo de “manchar su nombre” y “deshumanizarla” mediante “falsedades, mentiras y bulos”.
En su opinión, la formación de Alberto Núñez Feijóo pretende deteriorar las instituciones y “acabar con el Gobierno por lo civil o lo criminal”, pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha defendido, ha actuado siempre pensando en el interés general y ha respondido con firmeza cuando alguna persona de su “entorno” se ha “separado de la legalidad”.