La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles introducir cambios en la regla de gasto que rige para las comunidades autónomas con el fin de permitir un acceso más flexible al superávit que generan estos territorios.
La propuesta de alterar esa regla de gasto fue planteada por el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, durante una Comisión de Hacienda en el Senado. Chinea ha defendido la conveniencia de relajar la regla para aquellas administraciones autonómicas que, como Canarias, presentan unas cuentas saneadas y un nivel de deuda reducido.
Montero ha señalado que el Gobierno puede mostrarse dispuesto a que las comunidades empleen los remanentes de sus Presupuestos en determinadas inversiones, pero ha rechazado modificar la propia definición de los parámetros fiscales fijados en los reglamentos europeos y en la Ley de Estabilidad Financiera.
“Europa no lo autorizaría”
“Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando”, ha argüido durante su intervención en la Cámara Alta.
La ministra de Hacienda ha defendido además que la finalidad de la regla de gasto es garantizar coherencia y evitar el riesgo o la “tentación” de que algunos ejecutivos autonómicos “en su coyuntura de gobierno endeuden o hipotequen a generaciones de una manera que se considere que no haga sostenible ese gasto mantenido en el tiempo”.
También ha recordado que las reglas fiscales se mantuvieron suspendidas durante cuatro ejercicios por la pandemia, lo que permitió a las autonomías utilizar el superávit acumulado “sin ningún tipo de cortapisa ni requerimiento” respecto al destino de esos fondos.
A continuación, Montero ha explicado que, mediante un decreto ley en 2025, ya con las reglas fiscales restablecidas, se aprobó el uso del superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles hasta 2027.
En un segundo turno de palabra, la vicepresidenta ha subrayado que la Administración General del Estado ha transferido 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas y ha reiterado su voluntad de presentar los próximos Presupuestos Generales del Estado.
10.470 millones en defensa
Durante su comparecencia, la ministra se ha referido igualmente al incremento del gasto en defensa en 10.470 millones de euros, con el objetivo de que España alcance un nivel del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en esta partida.
Montero ha detallado que el 35% de esos recursos se dirigirá a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, mientras que otro 31% se destinará a nuevas capacidades en telecomunicaciones y seguridad. El resto de fondos se orientará a la modernización de las capacidades de defensa, incluidas las relacionadas con emergencias y desastres naturales, así como a mejorar las condiciones de las misiones de paz.
En cuanto a la financiación de este aumento, la titular de Hacienda ha indicado que procede principalmente de tres fuentes: los ahorros derivados de la evolución de la economía, la utilización de créditos del Capítulo ocho de Activos Financieros de los Presupuestos y diversas reasignaciones y modificaciones de partidas ya ejecutadas en ejercicios anteriores.
La vicepresidenta Montero ha insistido en que la premisa para sufragar este refuerzo del gasto militar era no tocar “ni un céntimo” del gasto social, y ha asegurado que así ha sido. Según ha precisado, mientras el gasto en seguridad y defensa ha ascendido a 12.000 millones de euros desde 2017, el destinado a servicios públicos y prestaciones sociales ha alcanzado los 120.000 millones, es decir, diez veces más.
Además, sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha afeado al PP “decir una cosa y la contraria”, ya que, a su juicio, los 'populares' sostienen que con un gasto del 2,1% se producirán recortes en otras partidas, al tiempo que reclaman que el esfuerzo en defensa se eleve hasta el 5%.
Colchón de 3.000 millones y ajustes fiscales
La responsable de Hacienda ha puesto en valor que, para cuadrar este nivel de gasto, ha sido determinante la política fiscal del Ejecutivo, que, según ha destacado, ha permitido disponer de un colchón de ahorro de unos 3.000 millones de euros gracias a la reducción del pago de intereses de la deuda.
Respecto al resto de componentes que han hecho posible alcanzar los 10.470 millones destinados a defensa, Montero ha citado los 641,56 millones procedentes de menores anualidades por aportaciones a la Unión Europea, los 1.744,8 millones vinculados a créditos ya ejecutados en ejercicios pasados sin anualidades comprometidas en los años siguientes y los 2.819 millones derivados de menores necesidades de amortización por la mejora del comportamiento del déficit público.