QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Maribel Vaquero, representante del PNV en el Congreso, ha hecho un llamamiento este miércoles al presidente Pedro Sánchez para que la memoria democrática no se limite a discutir sobre Franco, y le ha solicitado que desclasifique ciertos documentos aún secretos del periodo franquista, la Transición y años sucesivos, especialmente los vinculados al asesinato de Mikel Zabalza.
El requerimiento se produjo durante el Pleno del Congreso en un aniversario significativo: los 40 años desde la detención de Zabalza, un militante del sindicato ELA y conductor de autobús, arrestado en San Sebastián durante una operación antiterrorista y llevado a Intxaurrondo. Tras 20 días, su cadáver fue hallado en el río Bidasoa. Las otras cinco personas detenidas con él, que fueron liberadas sin cargos, acusaron haber sufrido torturas, desmintiendo la versión oficial de que Zabalza murió ahogado mientras huía.
«Y mucho menos se sostiene tras conocer los audios entre Perote y García Nieto», indicó Vaquero. Estos audios revelaron que hubo un exceso en el interrogatorio con Zabalza. Vaquero ha criticado al Gobierno por no esclarecer estos hechos después de cuatro décadas. «Hablan de verdad, justicia y reparación, pero se lo niegan a la familia Zabalza», denunció.
Por su parte, Sánchez ha expresado su respeto por la memoria de Zabalza y solidaridad con su familia, pero ha recalcado que la desclasificación de documentos requiere una nueva ley, que actualmente enfrenta obstáculos en su tramitación. Sánchez ha urgido al Congreso a apoyar esta legislación, que considera crucial para la transparencia y el derecho a conocer la historia.
En respuesta, Vaquero ha criticado las continuas dilaciones y ha reiterado que el Gobierno ya tiene la capacidad de actuar bajo la actual Ley de Secretos Oficiales, instando a Sánchez a dejar de lado las excusas y proceder con la desclasificación.
En una interacción similar, el portavoz de Justicia de Bildu, Jon Iñarritu, ha debatido con el ministro Félix Bolaños sobre la necesidad de desclasificar documentos para apoyar a las víctimas y mejorar la democracia, mientras que Bolaños ha defendido los criterios actuales pero ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la verdad y la reforma legislativa.
