PP, Vox y Junts han unido fuerzas este jueves en el Pleno del Congreso para rechazar dos decretos leyes del Gobierno. Uno de ellos recogía la prórroga del escudo social, con la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortar el suministro de agua y luz a personas vulnerables. El otro habilitaba al Ejecutivo para limitar el precio de determinados productos y servicios en contextos de emergencia.
Como ocurre con todo decreto ley, ambas disposiciones estaban vigentes desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero debían someterse al Congreso en un plazo máximo de treinta días para su convalidación o derogación. En los dos casos, UPN se ha abstenido y el resto de grupos ha apoyado las normas, pero finalmente han decaído por los 177 votos sumados por PP, Vox y Junts.
Además de la moratoria antidesahucios, el decreto del escudo social incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico y exenciones fiscales para las ayudas destinadas a los damnificados por los incendios del pasado verano y por la dana.
El decreto impulsado por el Ministerio de Consumo otorgaba al Gobierno la facultad de fijar un tope al precio de un bien o servicio cuando se declarase una situación de emergencia, como la vivida con los temporales en Andalucía. Establecía que el importe no podría superar el precio máximo que hubiese tenido en los treinta días naturales previos al inicio de esa situación.
Díaz arremete contra PP, Vox y Junts
Tras la derrota parlamentaria, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha arremetido en sus redes sociales contra PP, Vox y Junts por su voto contrario a los dos decretos, calificándoles de “irresponsables” con la clase trabajadora y “protectores” con los privilegiados.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha criticado en los pasillos del Congreso a PP y Vox, aunque no a Junts, por votar “una vez más contra los intereses de la ciudadanía española”. “Hoy han votado para echar a las familias más vulnerables a la calle sin que tengan una alternativa habitacional llamándoles 'okupas', al mismo tiempo que el PP se reparte las viviendas de protección pública en Alicante con sus amiguetes”, ha denunciado el ministro, aludiendo al escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas a cargos 'populares' del Ayuntamiento de Alicante.
A continuación, Bustinduy ha censurado el rechazo al decreto de su departamento para limitar los precios en situaciones de crisis, recordando que, con los temporales de Grazalema o la tragedia de Adamuz (Córdoba), algunas multinacionales extranjeras llegaron a inflar los precios de ciertos productos y servicios, como los billetes de avión, “por cuatro y por cinco”.
En esta línea, el ministro ha expresado su deseo de que no se repitan episodios similares, pero ha advertido de que, si vuelven a producirse y las empresas se aprovechan de la necesidad y la vulnerabilidad de la población para disparar los precios, será “gracias al PP y a Vox”. “Llevará su firma y su apellido. Es una vergüenza lo que hacen”, ha remachado Bustinduy.
Pese al revés parlamentario, el titular de Derechos Sociales y Consumo ha asegurado que el Ejecutivo continuará trabajando para evitar que los consumidores “estén indefenso ante abusos flagrantes”.
Montero se equivoca al votar las ayudas
Distinta suerte han corrido otros dos decretos del Gobierno que sí han salido adelante: el que actualiza las pensiones para 2026 y el que concede ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Además, se ha acordado que ambas normas sigan su tramitación como proyectos de ley.
En el decreto relativo a las ayudas a las víctimas de los siniestros ferroviarios, todo el arco parlamentario ha votado a favor, salvo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha equivocado y ha pulsado en contra. El texto prevé compensaciones que van desde 2.404 hasta 84.141 euros, en función de la gravedad de los daños sufridos.
En cuanto a la revalorización de las pensiones, únicamente Vox ha rechazado el decreto, que fija para este año un incremento del 2,7% en las pensiones contributivas y de clases pasivas, mientras que las pensiones mínimas se elevan por encima del 7%.
Asimismo, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares registran una subida del 11,4%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se incrementan un 11,4%.